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 BIMENSUAL NO .40 Boletín julio-agosto 2007 |
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Gran parte de este ejemplar se enfoca en el papel de la legislatura en el proceso presupuestario BIENVENIDO AL BOLETIN BIMENSUAL DEL IBP NO.40, JULIO-AGOSTO 2007
http://www.internationalbudget.org/resources/boletin40.htm
PARA VER EJEMPLARES ANTERIORES IR A:
http://www.internationalbudget.org/resources/newsletter.htm
Gran parte de este ejemplar se enfoca en el papel de la legislatura en el proceso presupuestario. Las legislaturas siempre han sido una contraparte clave para las organizaciones de la sociedad civil que monitorean los presupuestos públicos y aunque la colaboración no siempre es fácil, puede arrojar resultados importantes y lecciones valiosas.
En junio 2007, el Proyecto Internacional de Presupuesto (IBP) y la London School of Economics reunieron a organizaciones de la sociedad civil, legisladores y donatarios para reflexionar sobre la colaboración entre la sociedad civil y las legislaturas en el trabajo de presupuestos. En este ejemplar cubrimos ésta y otra conferencia que tuvo lugar, recientemente, sobre el papel de los donatarios en el fortalecimiento del escrutinio financiero de las legislaturas. También hablamos del cuello de botella que se dio entre la legislatura y el ejecutivo en Malawi respecto a la discusión del presupuesto nacional 2007 y de las audiencias públicas en Kenia que ayudan a la sociedad civil a exigir rendición de cuentas a los miembros del Parlamento sobre el manejo de fondos para el desarrollo de sus poblados.
En este ejemplar el IBP ofrece novedades sobre grupos presupuestarios en México, Nigeria, Nicaragua y la República Kirguisa. Bajo Nuevas publicaciones y talleres encontrará una reseña del nuevo libro de Paul Collier The Bottom Billion, la reciente publicación del National Democratic Institute sobre legislaturas en países ricos y una bibliografía detallada con recursos adicionales en la biblioteca electrónica del IBP.
EN ESTE EJEMPLAR:
Grupos de la sociedad civil retan y fortalecen el papel de la legislatura en el proceso presupuestario: Lecciones de Argentina, Croacia, India, Kenia y Malawi
3. Donatarios discuten cómo fortalecer el papel del parlamento en el proceso presupuestario
5. Suspensión del debate presupuestario 2007-08 en Malawi y reacciones de expertos presupuestarios de la sociedad civil
Grupos presupuestarios mejoran la transparencia y mecanismos de rendición de cuentas en el proceso presupuestario: Noticias de México, Nigeria, Nicaragua y la República Kirguisa
Nuevas publicaciones y talleres
10. The Bottom Billion de Paul Collier: Una reseña por Albert van Zyl
12. Nuevas publicaciones: Mexico's Right-to-Know Reforms: Civil Society Perspectives por Fundar y el Woodrow Wilson Center y Transparency and Accountability in Africa’s Extractive Industries: The Role of the Legislature por el National Democratic Institute
13. Nuevos materiales en la biblioteca presupuestaria
14. Escuela de verano para ONGs 2007. Un proyecto del IBP y la Fundación Soros Kirguisa
15. Taller presupuestario del IBP en Chad para países francófonos africanos
Anuncios
16. Seminario sobre el futuro de la democracia participativa, Brasil
17. Capacity.org. Revista en internet para aquellos dedicados al desarrollo internacional
Las legislaturas siempre han sido una contraparte clave para las OSCs que se dedican a monitorear los presupuestos gubernamentales; aunque esta relación no siempre has sido sencilla. A fin de reflexionar sobre la colaboración de la sociedad civil con la legislatura respecto al presupuesto – el IBP y la London School of Economics (LSE) llevaron a cabo un taller sobre ‘Legislaturas, sociedad civil y el proceso presupuestario’ en Londres el pasado mes de junio. Este taller es el segundo en una serie de reflexiones temáticas sobre aspectos clave del trabajo presupuestario aplicado para apoyar a grupos presupuestarios avanzados.
El taller ofreció una oportunidad única de aprendizaje mútuo para OSCs de la red del IBP, miembros de la legislatura, académicos y organizaciones internacionales que apoyan a las legislaturas. El objetivo es el de contribuir a la reconceptualización estratégica de las relaciones entre la sociedad civil con la legislatura. Como parte de esta reflexión Fundar (México), ISODEC (Ghana), Adva (Israel), CIPPEC (Argentina) y IPF (Croacia) presentaron sus experiencias de colaboración con las legislaturas.
Al reflexionar sobre las experiencias de las OSCs, los participantes estuvieron de acuerdo en que el reto central es el de participar en la dinámica política y partidaria que forma parte central de los procesos de toma de decisiones de las legislaturas. Igualmente, los participantes del taller identificaron un número de factores que limitan su relación con las legislaturas. Muy pocas legislaturas cuentan con las capacidades y los recursos para apoyar su papel de vigilancia presupuestaria y ofrecer intercambios significativos durante el proceso presupuestario y las audiencias entre las comisiones y el ejecutivo. Las legislaturas no siempre hacen uso de todas sus facultades legales y constitucionales debido al papel de otros actores como los partidos políticos, ministerios de finanzas dominantes, instituciones financieras internacionales y el sector privado. En muchos casos estas ‘influencias externas’ han probado ser más fuertes que la influencia del electorado y, en consecuencia, los incentivos de la legislatura para promover el escrutinio independiente del ejecutivo se diluyen. Estas ‘influencias externas’ impiden la medida en que la sociedad civil utiliza la información que tiene y disminuye el potencial de la vigilancia presupuestaria.
Joachim Wehner, profesor de la LSE, recordó a los participantes el papel central que los arreglos institucionales juegan en la habilidad legislativa de ofrecer vigilancia independiente del proceso presupuestario. Entre las restricciones institucionales conocidas está la naturaleza de los poderes de enmienda, tiempo o escrutinio legislativo, estructura del sistema de comisiones, acceso a la información presupuestaria, etc.
Además de las debilidades de las legislaturas las debilidades de la sociedad civil también se exploraron. Scott Hubli del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) observó algunas de las estrategias de incidencia de la sociedad civil que impiden una efectiva relación con las legislaturas. Argumentó que se debe de poner más atención a la colaboración con facciones partidarias y capacitar a miembros de la sociedad civil para participar con la legislatura. La sociedad civil también se puede aventajar de las oportunidades no-presupuestarias para cambiar las prioridades presupuestarias mediante los Documentos de Estrategias para la Reducción de la Pobreza (DERPs) y las metas del milenio.
A pesar de estas limitaciones, los participantes del taller estuvieron de acuerdo en que las legislaturas todavía representan una relación estratégica para el éxito del trabajo presupuestario de la sociedad civil, como comenta Scott Hubli: “A veces funciona.” En el corto plazo la relación con la legislatura continúa ofreciendo acceso a la información y ofrece oportunidades para influir en asignaciones presupuestarias específicas, monitorear la ejecución y auditoria del presupuesto y minimizar la corrupción y los excesos. En el largo plazo esta relación ofrece la oportunidad de participar democráticamente en el proceso presupuestario así como oportunidades para realizar reformas legales para contar con mayor transparencia y rendición de cuentas.
Expertos del “National Democratic Institute” y del PNUD también enfatizaron la oportunidad histórica que presenta el creciente interés entre una amplia variedad de actores internacionales para fortalecer el escrutinio fiscal parlamentario. En combinación con el creciente interés (y éxito) del trabajo presupuestario de la sociedad civil, se augura una conceptualización más estratégica y avanzada de las relaciones entre la sociedad civil y el legislativo.
El IBP planea continuar la reflexión sobre cómo fortalecer la relación de la sociedad civil y las legislaturas en los próximos dos años. Asimismo, investigará cómo mejorar la coordinación del trabajo presupuestario de la sociedad civil y el apoyo de la legislatura. La reflexión también estudiará cómo apoyar a las OSCs para participar más efectivamente con las legislaturas.
A fin de darle seguimiento al taller de Londres, el IBP le pidió a Laura Malajovich de CIPPEC en Argentina, Subrata Dutta de BARC en la India y Katarina Ott de IPF en Croacia reflexionar sobre las posibles aplicaciones de la investigación sobre OSCs de Wehner.
En su trabajo Assessing the Power of the Purse: An Index of Legislative Budget Institutions Wehner compara la capacidad parlamentaria de escrutinio financiero con base en un índice que cubre a 36 países en una encuesta sobre procedimientos presupuestarios en 2003. El índice captura seis prerrequisitos institucionales de control legislativo vinculados a los poderes de enmienda, presupuestos regresivos, flexibilidad del ejecutivo durante la implementación del presupuesto, la oportunidad del presupuesto, comités legislativos e información presupuestaria. Se revisaron varios métodos para la construcción del índice. Los resultados revelan variaciones importantes en el nivel de escrutinio financiero del gobierno por la legislatura entre democracias liberales contemporáneas. El Congreso de EUA cuenta con una calificación tres veces más alta que los nueve casos con calificaciones más bajas, en su mayoría sistemas Westminster. Aun con la excepción de EUA, las legislaturas del cuadrante superior tienen calificaciones dos veces más altas que el cuadrante inferior del índice. Lo que siguiere que el poder de la bolsa es un elemento discreto y no indispensable de la gobernabilidad democrática liberal. Para algunos países se trata de una protección clave en contra de un ejecutivo dominante, mientras otros mantienen un mito constitucional.
Ott apuntó que conocer los parlamentos de otros países y sus poderes presupuestarios, así como las mejores prácticas de otras naciones, puede ayudar a un país a fortalecer el proceso presupuestario de su propia legislatura. El índice legislativo de instituciones presupuestarias ofrece la posibilidad de hacer comparaciones entre naciones y aprender de las experiencias de otros países.
Malajovich argumentó que el contar con la legislación e instituciones apropiadas ofrece un punto de partida para que OSCs trabajen con la legislatura a fin de construir un proceso presupuestario más transparente. “Las instituciones legislativas presupuestarias apropiadas son una buena base para comenzar a construir una relación estratégica entre la legislatura y las OSCs. Se trata, sin embargo de sólo una dimensión del complejo proceso político del presupuesto.”
Dutta observó algunas de las consecuencias de un ambiente institucional débil en el estado hindú de Rajastán: “El Comité de Cuentas Públicas “Public Accounts Committee” (PAC) está lidiando con los reportes de auditoría 2002-03. Esto quiere decir que los ejecutivos actuales tienen mano libre con el presupuesto ya que el comité está ocupado con el presupuesto de varios años atrás. Además, el jefe de PAC fue ministro en el gobierno que estuvo en el poder de 1999 a 2004. Lo que explica porque éste no encontrara irregularidades en el presupuesto 2002-03.”
De acuerdo con Ott, el índice de Wehner puede ser de utilidad a OSCs de varias maneras. Primero que nada, ofrece un marco para comparar al país propio con otros países y ver qué brechas existen en las leyes respecto a la vigilancia legislativa sobre el proceso presupuestario.
El siguiente paso para las OSCs debe ser el de incidir para que se dé legislación que elimine dichas brechas trabajando en conjunto con la legislatura. La participación de la legislatura es esencial: la legislatura debe de “adueñarse” de la necesidad de promover su capacidad institucional para controlar el presupuesto. Con frecuencia, los legisladores creen que el presupuesto es demasiado técnico para ellos y que concentrar los poderes del presupuesto en el ejecutivo sería más eficiente. Tratar de crear consenso en la legislatura para crear leyes necesarias será uno de los principales retos de las OSCs.
Una vez que la legislación necesaria entre en vigor, dijo Ott, las OSCs deberán señalar situaciones en donde no está siendo debidamente aplicada. La mayoría de los países en vías de desarrollo que tienen el marco institucional adecuado no implementan estas leyes correctamente, a veces debido a cuestiones políticas y a la falta de capacidad.
Ott agregó que, “medir la capacidad de investigación presupuestaria de un cuerpo legislativo por un número de profesionales comprometidos no es apropiado ya que países más grandes pueden contar con un mayor número de profesionales involucrados. Cinco personas competentes en un país de 4 millones de habitantes como Croacia puede ser equivalente a más de 50 personas competentes en EUA.” Dutta estuvo de acuerdo, agregando que en un país pobre la legislatura puede considerar difícil poder emplear a 230 investigadores, como lo hace la oficina presupuestaria del congreso de EUA “Congressional Budget Office”.
En respuesta a Wehner, Ott afirmó que: “Si la legislación existe y se implementa, la pregunta para las OSCs debe de ser si las instituciones legislativas presupuestarias son suficientes para permitirle al congreso influir en el presupuesto.” Muchas veces, aún con la legislación apropiada, el ejecutivo toma la mayoría de las decisiones. En tales casos, las OSCs necesitan trabajar en conjunto con la legislatura para promover la transparencia y rendición de cuentas presupuestarias.
Malajovich estuvo de acuerdo: “Desafortunadamente, a veces los parlamentos no ejercen por completo los pocos poderes que tienen y, en ocasiones, se ven limitados por un ejecutivo dominante o por la disciplina del partido.” Estos problemas pueden hacer que los legisladores no participen en temas presupuestarios, lo que a su vez implica capacidades y recursos. La falta de rendición de cuentas y ética entre los legisladores puede empeorar la situación aún más.
Malajovich observó que, “aún cuando las legislaturas no están interesadas en cuestiones presupuestarias, algunos partidos políticos pueden estarlo y eso puede acercar a las OSCs al parlamento. No debemos perder tiempo discutiendo si es mejor trabajar con los miembros del parlamento que con los partidos políticos, ya que los miembros del parlamento votarán conforme a lo que sus partidos indiquen.” Tal vez las OSCs deban de prestar más atención a la ciencia política, sociología y psicología que a la economía y a la administración pública, ya que aún en países con entornos institucionales positivos a veces se padece de débil participación y rendición de cuentas.
De hecho, un país en vías de desarrollo puede tener un marco legislativo institucional “ideal”, pero ello no se traduce automáticamente en que la legislatura tenga un papel efectivo en la vigilancia de decisiones presupuestarias. Si contamos con las instituciones, ¿Qué podemos hacer para mejorar su funcionamiento? ¿Cómo podemos trabajar con las legislaturas para fortalecer su papel y promover su capacidad para vigilar el presupuesto? En los siguientes meses, el IBP recopilará más reflexiones para refinar las respuestas a estas fundamentales preguntas.
Para leer el artículo Assessing the Power of the Purse: an Index of Legislative Budget Institutions por Joachim Wehner ir a:
http://www.internationalbudget.org/resources/library/IndexLegBud.pdf).
Donatarios discuten cómo fortalecer el papel del parlamento en el proceso presupuestario
El Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto del Banco Mundial (WBI) organizaron una reunión de dos días del 21-22 de mayo en Bruselas para que la comunidad de donatarios compartiera experiencias y lecciones recientes sobre los avances del parlamento con un enfoque particular en rendición de cuentas financiera. La consultoría se centró en el enfoque de los donatarios para el fortalecimiento parlamentario, incluyendo el proceso presupuestario – así como lecciones de los donatarios sobre lo que funciona y lo que no funciona al apoyar a la legislatura. Se puso atención especial a cómo armonizar y alinear el apoyo de los donatarios con las prioridades nacionales, así como a identificar las exigencias de este trabajo y los intereses políticos e incentivos en juego.
Durante el primer día de la consultoría, los presentadores compartieron sus evaluaciones y reseñas sobre el desarrollo parlamentario y discutieron medidas y estándares de desempeño parlamentario. El segundo día se enfocó en las lecciones aprendidas para fortalecer el papel de los parlamentos para asegurar la rendición de cuentas financiera y la vigilancia presupuestaria. Además, el segundo día incluyó una discusión sobre los mecanismos para continuar el intercambio entre donatarios y una presentación del IBP sobre lecciones aprendidas respecto al desarrollo parlamentario.
Durante la reunión se decidió:
· Desarrollar principios de buenas prácticas para guiar a los donatarios en el fortalecimiento parlamentario, sobre todo, en el contexto de apoyo presupuestario directo.
· Establecer un grupo informal de contactos de donatarios sobre el fortalecimiento parlamentario.
· Llevar a cabo reuniones consultivas estructuradas para discutir los enfoques hacia el fortalecimiento parlamentario.
· Crear un centro de información piloto sobre fortalecimiento parlamentario.
· A largo plazo, compartir resultados y principios de buenas prácticas con la red de gobernabilidad “DAC Network on Governance” (GOVNET) de la OCDE y entusiasmar a GOVNET a considerar el fortalecimiento parlamentario como parte de su próximo programa de trabajo.
A la reunión asistieron representantes de donatarios que prestan apoyo a la legislatura (PNUD, DFID, el Instituto del Banco Mundial y otros), académicos que hacen investigación sobre legislaturas (Joachim Wehner, Alan Hudson y Steve Fish), fundaciones que apoyan las legislaturas (IPU, Westminster Foundation, etc) y ONGs (IBP y el “Parliamentary Center”). Para revisar la agenda, la lista de participantes y un reporte sobre la conferencia ir aquí: http://sdnhq.undp.org/governance/parls/index.html
Para mayor información contactar a Albert van Zyl albertvzyl@gmail.com
Desde 2005 la organización “Muslims for Human Rights” (MUHURI), una ONG con base en Mombassa, Kenia se ha dedicado a monitorear el gasto realizado bajo el fondo nacional de desarrollo llamado “Kenya’s Constituency Development Fund” (CDF). MUHURI ha desarrollado fuertes vínculos con comunidades que se benefician del fondo CDF para identificar problemas en la implementación del CDF.
Bajo CDF, establecido en 2003, todo miembro del parlamento tiene derecho a asignar aproximadamente $1 millón al año para apoyar proyectos de desarrollo en su distrito electoral. CDF se ha convertido en un programa muy popular aunque algo controvertido y recibe amplia cobertura de los medios, incluyendo halagos por su potencial pero también quejas sobre corrupción y malos manejos. Aunque el CDF fue diseñado para promover la participación de la comunidad en la selección de proyectos de desarrollo y en la administración de los fondos CDF, en la práctica el manejo de los fondos está envuelto en secretismo y falta de rendición de cuentas pública.
En agosto 2007, MUHURI organizó un taller a nivel nacional financiado por la Open Society Initiative de África del este. Éste tuvo lugar en Mombassa y asistieron 60 participantes de 15 organizaciones que trabajan por todo Kenia. Durante el evento de una semana de duración, el IBP y la ONG de la India Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS) — que fuera pionera en desarrollar audiencias públicas sobre el presupuesto en el estado hindú de Rajastán — condujo un programa de capacitación sobre la administración del CDF y sobre el monitoreo de proyectos y gastos derivados de CDF.
Durante la capacitación se trabajó con documentos tales como ofertas presentadas por contratistas para proyectos CDF, cartas dirigidas a contratistas especificando concesiones en los contratos y relaciones de las reuniones del comité que administra los fondos CDF. Los participantes compaginaron esta información en formatos sencillos para poder identificar problemas tales como los elevados costos o selección preferencial de contratistas. Dichos formatos de análisis simplificado permitieron identificar instancias en que los récords de los proyectos estaban incompletos.
Los participantes utilizaron los formatos, junto con un cuestionario estandarizado al visitar las localidades de los proyectos para evaluar si cada proyecto fue completado conforme a las especificaciones ofrecidas en los documentos del proyecto. Durante este proceso se descubrieron un gran número de irregularidades, incluyendo métodos y material de construcción insuficiente y mal catalogado.
Durante las visitas a las localidades los participantes también se reunieron con residentes que viven cerca de los proyectos CDF y los invitaron a revisar los récords de los proyectos CDF. Estas reuniones les ofrecieron a los miembros del público la oportunidad de comentar sobre la precisión de los récords así como sobre la calidad de los proyectos financiados por CDF. Muchas de estas discusiones destaparon hechos y preocupaciones que los récords del proyecto por sí mismos no lograron revelar, incluyendo casos de métodos de construcción mal catalogados o reportados y falta de transparencia. Los participantes prepararon resúmenes para las localidades con base en sus hallazgos que formaron parte del reporte de MUHURI el cual más tarde fue entregado a los funcionarios de CDF.
Un segundo objetivo del taller de MUHIRI fue ayudar a preparar una audiencia de un día sobre CDF. Ésta se llevó a cabo el 26 de agosto 2007 y asistieron aproximadamente 1,500 personas, incluyendo residentes de la localidad de Changamwe. El programa formal comenzó con la llegada de los funcionarios locales de CDF reuniendo cientos de documentos sobre proyectos CDF de los últimos tres años. Se trató de un evento importante ya que marcó la primera ocasión en que los funcionarios CDF sintieron la necesidad de presentar a los residentes locales - de ese distrito y quizás de todo el país – información sobre proyectos apoyados por CDF.
Los participantes leyeron los hallazgos de la investigación de los proyectos financiados por CDF e invitaron a los residentes a hacer preguntas a los funcionarios de CDF ahí presentes. De cara a una multitud de preguntas, los funcionarios de CDF llamaron a los miembros del parlamento local, quienes llegaron de inmediato. Al principio los miembros del parlamento intentaron tomar control de la audiencia hablando de los logros de los proyectos de CDF. El público no fue fácilmente persuadido y comenzó a hacer preguntas sobre el mal manejo de fondos hasta que los miembros del parlamento estuvieron de acuerdo en investigar estos problemas.
El personal de MUHURI trajo una manta blanca de casi 50 metros de largo con las demandas para mejorar el manejo de CDF, para que todos los presentes la firmaran. En un principio, los miembros del parlamento se rehusaron a firmar pero, eventualmente, cedieron ante la presión de los asistentes.
Después de la reunión, los participantes se reunieron para discutir las lecciones que habían aprendido y formular una estrategia nacional de incidencia para mejorar el manejo del fondo CDF. Por su parte, MUHURI expresó su intención de llevar a cabo audiencias públicas similares en otros ocho distritos costeros.
Se necesita de una gran labor de seguimiento para garantizar que las resoluciones públicas adoptadas durante el evento y los problemas identificados por el público durante la audiencia quepan dentro de la campaña nacional de incidencia. Sólo una campaña de este tipo puede apoyar la creación de un movimiento sustentable que pueda exigir mejorías en el CDF de manera eficiente.
La audiencia pública CDF en Changamwe demuestra cómo las OSCs pueden utilizar metodología innovadora y enfocada en los ciudadanos para exigirles a los funcionarios públicos rendición de cuentas por el uso de los recursos públicos. ¡En caso de que esto suceda, Kenia podría ver un cambio en las prácticas de gobernabilidad!
Para mayor información contactar a Sowmya Kidambi en MKSS sowmyakrishkidambi@gmail.com o a Vivek Ramkumar en el IBP ramkumar@cbpp.org.
El ministro de finanzas de Malawi presentó la propuesta del presupuesto 2007-08 al Parlamento el 29 de junio, un día antes de que comenzara el año fiscal. Supuestamente el Parlamento debe de aprobar el presupuesto dentro en un período de 21 días hábiles pero no se reunió sino hasta el 13 de agosto y no llegó a un acuerdo sobre el presupuesto debido a una disputa política que amenazó con recortar servicios gubernamentales clave.
La disputa sucedió cuando los miembros del parlamento que apoyan al presidente Mutharika se unieron a su nuevo partido, el Partido Demócrata Progresista “Democratic Progressive Party” (DPP). Miembros de los partidos de oposición argumentaron que de acuerdo a la constitución, los miembros del parlamento que cambian de partido deben de ser forzados a dejar sus lugares en el Parlamento y cuando uno de los parlamentarios afectados obtuvo una orden de la corte impidiendo que el vocero del Parlamento declarara que los lugares quedaban vacíos, la oposición respondió con el sabotaje al debate presupuestario.
A principios de agosto, el presidente Mutharika les ordenó a todos los miembros del parlamento a reunirse de nuevo para aprobar el presupuesto en su totalidad. Ante esta situación los parlamentarios de la oposición obtuvieron una orden que les permitió ignorar las instrucciones del presidente. Esto despertó reacciones entre los habitantes de Malawi. Finalmente, los miembros del Parlamento llegaron a un acuerdo para dejar este asunto de lado, al menos temporalmente, y comenzar la discusión del presupuesto.
Repercusiones del retraso en la aprobación del presupuesto
La Coalición de la sociedad civil por la calidad de la educación básica “Civil Society Coalition for Quality Basic Education” (CSCQBE) estima que el presupuesto de Malawi 2007-08 es un presupuesto en favor de los pobres, ya que incluye gastos para atender las necesidades de los pobres en Malawi. No obstante, el retraso en la aprobación del presupuesto puede tener varios efectos negativos.
Primero, el retraso puede afectar a los granjeros en la compra de fertilizante que debe de ser distribuido a tiempo. La mayoría de la población en Malawi se dedica a la agricultura, actividad que depende del fertilizante subsidiado por el gobierno. El exitoso programa de subsidio al fertilizante ha sido citado como una de las razones principales que explican la recuperación del sector agrícola de Malawi después de que la sequía del 2005 dejara a 5 millones de personas sin alimento.
Segundo, el retraso probablemente afectará la distribución de materiales didácticos para los 3.3 millones de niños en las escuelas públicas en. La educación primaria es gratuita en Malawi, de modo que los alumnos deben de ser provistos de los materiales básicos para su aprendizaje, pero dichos materiales serán repartidos tardíamente debido al retraso en el debate presupuestario. Asimismo, las escuelas de Malawi han sido fuertemente afectadas por la escasez de personal, de manera que el nuevo presupuesto incluye fondos para capacitar a más maestros y para el aumento de salarios, pero estas provisiones también serán retrasadas.
Tercero, dicho retraso pone en peligro el derecho de la población de Malawi por obtener medicamentos de calidad a precios accesibles. Los hospitales en Malawi ya enfrentan una seria escasez de personal y medicamentos.
Cuarto, el retraso ha impedido que la Universidad de Malawi, que funciona con fondos gubernamentales, admita a estudiantes de nuevo ingreso.
Respuesta de la sociedad civil
Miembros de la sociedad civil solicitaron al Parlamento que aprobara el presupuesto antes de resolver la disputa con los miembros del DPP. Entre otras cosas, los ciudadanos:
· Acamparon durante 14 días y noches y le pidieron a los miembros del parlamento atender el presupuesto;
· se pusieron moños morados en apoyo al presupuesto;
· se unieron en una campaña de chiflidos y ruido como llamado a la acción sobre el presupuesto;
· enviaron peticiones a los distritos oficiales en nombre del presupuesto;
· demandaron al Parlamento la protección de sus derechos al desarrollo; y
· lanzaron comunicados de prensa para expresar sus preocupaciones en periódicos de circulación cotidiana.
Estos esfuerzos fueron diseñados para convencer a los miembros del parlamento de la importancia del presupuesto y señalar que la no aprobación del presupuesto afectaría la provisión de servicios tales como salud, mantenimiento de caminos y subsidio de fertilizante.
Además, CSCQBE dio a conocer un análisis resaltando algunos puntos en el presupuesto de educación para ser examinados antes de la aprobación del presupuesto. Éstos incluyen:
· Necesidades para educación especial: A pesar de que más de 40,000 niños con necesidades especiales son registrados en escuelas primarias en Malawi, el gobierno continúa ignorando la importancia de la necesidad de la educación especial y el hecho de que las asignaciones hacia este sector se han reducido en un 60 por ciento. CSCQBE ha hecho un llamado al gobierno para hacer que las necesidades de la educación especial sean una prioridad y se aumenten los recursos para la compra de equipo especializado, capacitar a más maestros y fortalecer la administración.
· Ciencia y tecnología: El departamento de ciencia y tecnología aparece dos veces en el presupuesto bajo dos rubros ministeriales distintos. Por ello, no queda claro qué funciones y operaciones cubre cada asignación — y si dos asignaciones para el mismo departamento son siquiera necesarias.
· Declive en asignaciones para algunos distritos escolares: A pesar de que la mayoría de las asignaciones distritales puede aumentar bajo el nuevo presupuesto, otras pueden enfrentar recortes y algunos distritos con muchas escuelas terminarían con menos recursos que otros distritos con menos escuelas. CSCQBE recomienda que el gobierno adopte criterios claros para la distribución de recursos con base en el número de escuelas.
· Flujo transparente de recursos: Una encuesta realizada en las escuelas y en la unidad de útiles escolares reveló que el gobierno no ha dado materiales didácticos desde 2004. CSCQBE hace un llamado para el uso transparente de dichos fondos para mejorar la distribución de materiales.
Para mayor información contactar a Clara Chindime o Donald Kebabe en CSCQBE cscqbe@sdnp.org.mw, a Chrissie Kafundu en CFSC ckafundu@yahoo.co.uk, y a Limbani Elia liensa@yahoo.com.
Desde 2006 Fundar ha monitoreado el flujo y uso de recursos derivados de Petróleos Mexicanos (PEMEX) para apoyar el desarrollo social en estados productores de petróleo.
Fundar identificó a la Asociación Ecológica Santo Tomás como contraparte local para trabajar en el estado de Tabasco y solicitó información relevante mediante la Ley Federal de Acceso a la Información. Asociación Ecológica Santo Tomás, por su parte, solicitó información a nivel local, a pesar de que no existe una ley a nivel local que garantice el acceso público a la información. A lo largo del proceso Fundar y Santo Tomás se reunieron varias veces con PEMEX y con autoridades locales para obtener información precisa.
A lo largo de un año ambas organizaciones analizaron información y prepararon dos reportes en donde se describen las irregularidades en el uso de ingresos petroleros. Varios sucesos en las semanas posteriores a la publicación de los reportes validaron la importancia de los hallazgos de la investigación: el congreso mexicano solicitó una auditoría formal de los recursos distribuidos por PEMEX y PEMEX anunció la implementación de nuevos mecanismos para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en la distribución de recursos.
A continuación presentamos una relación de lo sucedido para dar una idea más clara del impacto que han tenido Fundar y Santo Tomás.
TABASCO
Durante una conferencia de prensa el 31 de julio, Asociación Ecológica Santo Tomás presentó el reporte “Las donaciones de PEMEX a Tabasco,” el cual recibió cobertura en varios periódicos locales. A pesar de que la respuesta de autoridades locales fue, sobre todo, negativa y perfilada para desacreditar a la organización. Los líderes de opinión afirmaron la validez e importancia del reporte.
Una vez que se publicó el reporte la comisión de energía del congreso de Tabasco le pidió al funcionario gubernamental responsable de la reasignación de recursos a las municipalidades de Tabasco presentarse ante el congreso y explicar cómo se habían utilizado dichos recursos. Además, un miembro de la comisión de energía del congreso solicitó una reunión con Santo Tomás para discutir el reporte al interior de su comisión.
MEXICO, DF
En coordinación con la estrategia de Santo Tomás, Fundar dio a conocer un reporte bajo el título “¿La Ley de Acceso a la Información Pública como una herramienta para la contraloría social? El caso de PEMEX en el desarrollo local de comunidades con actividad petrolera.” Fundar ayudó a difundir los hallazgos del reporte en una entrevista el 3 de agosto con el periódico nacional El Universal. Otros dos periódicos de cobertura nacional — La Jornada y Reforma — también hablaron sobre el reporte.
Además, Fundar envió el reporte a la Gerencia Corporativa de Desarrollo Social de PEMEX para obtener aclaraciones sobre la información presentada. La oficina expresó interés en el estudio y solicitó una presentación oficial de los hallazgos.
Fundar también preparó un comunicado de prensa para legisladores en donde se explican los hallazgos y el 9 de agosto, la comisión permanente en el legislativo federal tuvo comentarios sobre el estudio. De hecho un legislador contactó a Fundar para obtener mayor información sobre el reporte.
El 24 de agosto Fundar participó en un programa de radio sobre el uso de los ingresos de PEMEX para proyectos de desarrollo social. (PEMEX fue invitado al programa pero se negó a participar).
El 27 de agosto se llevó a cabo una junta con el secretario técnico de la comisión de energía de la Cámara de Diputados para solicitar una sesión informativa a fin de presentar ambos estudios a los legisladores.
El 28 de agosto un miembro de la comisión de finanzas públicas contactó a Fundar para solicitar información sobre el estudio y sus propuestas.
El 3 de septiembre un miembro de la comisión de energía de la legislatura del estado introdujo una iniciativa en donde solicita una auditoria oficial a los recursos que PEMEX ha otorgado a Tabasco. El siguiente día, el mismo legislador le pidió a Fundar más información sobre sus hallazgos.
El 5 de septiembre PEMEX anunció que fortalecería sus mecanismos de transparencia al establecer nuevos lineamientos para la asignación de ayuda financiera y donaciones. Muchos de los nuevos pasos anunciados por PEMEX fueron idénticos a las propuestas en los estudios realizados por Fundar y la Asociación Ecológica Santo Tomás.
Para mayor información contactar a Rocío Moreno rocio@fundar.org.mx.
Responder a la necesidad de promover la transparencia y rendición de cuentas en los procesos de ingresos y egresos públicos — especialmente a nivel de estado y de bases — la Comisión de la Paz, Desarrollo y Justicia “Justice, Development and Peace Commission” (JDPC), con base en Lagos, ha comenzado un proyecto llamado “Promover la transparencia y rendición de cuentas mediante los presupuestos participativos a nivel estatal y local en el estado de Lagos.”
El proyecto, llevado a cabo con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, se enfoca en tres áreas piloto del gobierno local “Local Government Areas” (LGAs): Ajeromi/Ifelodun, Mushin y Lagos Island.
El proyecto formalmente comenzó con un taller de capacitación de dos días para 30 funcionarios de alto rango a fin de ayudarlos a apreciar la importancia de involucrar al electorado y a los grupos comunitarios en cada una de las fases del proceso presupuestario. El taller incluyó los siguientes temas:
· Introducción al proceso presupuestario;
· el proceso administrativo del gasto público;
· los conceptos básicos de NEEDS, LASEEDS y LEEDS [Documentos de Estrategias para la reducción de la Pobreza (DERPs) locales];
· participación en el proceso presupuestario;
· LGAs, impartición de servicios y metas del milenio; y
· mejores prácticas sobre presupuestos participativos.
Igualmente, JDPC facilitó una serie de talleres de dos días para organizaciones comunitarias en cada una de las tres LGAs. Más de 100 representantes de grupos de bases fueron capacitados sobre los principios básicos del proceso presupuestario y de participación efectiva.
A partir de estos exitosos talleres, algunos grupos se reunieron para formar coaliciones comunitarias en cada uno de los tres LGAs para promover monitoreo presupuestario y buena gobernabilidad. Las coaliciones trabajan para promover la participación de la comunidad a lo largo del proceso presupuestario y con ello mejorar la gobernabilidad de la comunidad.
Habiendo trabajado por separado con funcionarios LGA y organizaciones de base comunitarias, JDPC procedió a cerrar la brecha entre ambos actores mediante reuniones en cada uno de los tres LGAs para reunir a las partes en un foro común.
Además, JDPC administró un cuestionario a 2,000 residentes en cada uno de los tres LGAs para evaluar la impartición de servicios gubernamentales en cada área y dedicó dos ejemplares de su boletín “Budget Track Newsletter” al análisis presupuestario y al trabajo presupuestario aplicado a nivel local y estatal en el estado de Lagos.
Sucesos e impactos
El proyecto ha ayudado a establecer una creciente vinculación entre JDPC y las administraciones LGA, el Ministro del Gobierno Local en Lagos y comunidades de base en los tres LGA piloto. También ha ayudado a establecer coaliciones de base sobre monitoreo presupuestario y buena gobernabilidad en las LGAs. Se espera que estas coaliciones mantengan los logros conseguidos hasta el momento y promuevan la transparencia, rendición de cuentas y la participación de la gente en los procesos presupuestarios a nivel local.
La encuesta sobre prestación de servicios ayudó a exponer los avances en cada uno de las LGA, así como las áreas con esfuerzos deficientes. El boletín “Budget Track Newsletter,” con sus análisis sobre tendencias presupuestarias y perfiles de ingresos y egresos respecto a las obligaciones del gobierno respecto a los derechos humanos, ha ofrecido una mayor comprensión del presupuesto gubernamental local ylos patrones de gasto y de cómo afectan a los residentes.
Retos
Existe una desconfianza mutua entre quienes son elegidos y el electorado en todos los niveles de gobernabilidad en Nigeria, la cual se hizo evidente durante las reuniones organizadas por JDPC en las tres LGAs. Las sesiones fueron turbulentas y en ocasiones fue necesario que el equipo de JDPC interviniera para prevenir que las emociones se salieran de control.
Además, JDPC ha identificado varios problemas enfrentados por las comunidades de base promovidas por este proyecto. Pero ya que el análisis de presupuestos, el monitoreo y el activismo son relativamente nuevos en Nigeria y mucha gente desconoce sus derechos políticos, civiles y socio-económicos, estos problemas no son del todo inesperados.
Pasos a seguir
A fin de ampliar los logros conseguidos en la primera fase del proyecto, JDPC pronto dará comienzo a su segunda fase que se enfocará en construir las capacidades de las iniciativas comunitarias para llevar a cabo incidencia efectiva y fortalecer las coaliciones alrededor del mundo.
JDPC también planea publicar un libro con los resultados de su investigación sobre la impartición de servicios dentro de las LGAs.
Para mayor información contactar a Austin Ndiokwelu ausoneseven@yahoo.com.
En Nicaragua, la sociedad civil juega un papel limitado en la toma de decisiones del presupuesto. A pesar de que los funcionarios públicos tienen la obligación de ser transparentes y rendir cuentas a la sociedad, el presupuesto nacional es preparado exclusivamente por el ejecutivo y se mantiene como secreto de estado dándose a conocer hasta que el documento ingresa a la asamblea nacional.
En enero 2007 comenzó un nuevo ciclo presupuestario con un presupuesto provisional que duró hasta marzo cuando se aprobó el presupuesto final. En años recientes se ha vuelto común para el gobierno no contar con un presupuesto definitivo para el año en curso. Esto ha impedido el cumplimiento de programas en sectores sociales clave como salud y educación. En la primera parte de 2006, por ejemplo, el fracaso del gobierno en cumplir con el aumento salarial a los trabajadores de salud paralizó la provisión de servicios de salud, lo que tuvo efectos negativos entre la población.
Los esfuerzos de la sociedad civil para abrir el proceso presupuestario
Algunas organizaciones de la sociedad civil (OSCs) de Nicaragua han tratado de participar en el proceso presupuestario. En 2006, por ejemplo, Coordinadora Civil (una organización que prepara análisis sobre la deuda pública) y el Consejo Nacional para la Planeación Económica y Social (CONPES) presentó una serie de recomendaciones presupuestarias al presidente. Entre otras cosas, le exigieron al presidente:
· Presentar el total de ingresos fiscales y no-fiscales de forma clara y transparente;
· priorizar los recursos nacionales para atender las necesidades en sectores como salud, educación, infraestructura y servicios básicos (agua, energía y bienestar social);
· establecer cooperación entre los gobiernos central, regional y municipal respecto a las inversiones nacionales y por sector;
· desarrollar criterios para la distribución de recursos presupuestarios de manera equitativa entre las regiones y municipalidades; y
· obtener los ahorros presupuestarios para pagar el aumento al gasto social mediante la reestructuración de la deuda doméstica y el recorte de gastos innecesarios.
Las recomendaciones de los grupos no se concretaron debido, en parte, a que los acuerdos financieros de Nicaragua han aceptado las condiciones de préstamo que exigen organizaciones internacionales tales como el FMI.
Esfuerzos del congreso
Durante el debate presupuestario del mes de marzo, congresistas del partido de la oposición propusieron cambios a la propuesta presupuestaria del ejecutivo para atender problemas tales como:
· la falta de participación ciudadana en el presupuesto, a pesar la existencia de la Ley sobre Participación Ciudadana y la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional;
· el fracaso del presupuesto para incluir préstamos internacionales;
· la asignación de fondos gubernamentales a asociaciones y fundaciones estrechamente vinculadas a partidos políticos y congresistas; y
· la señal de que una gran parte del presupuesto debe se ser utilizada para pagar la deuda pública (interna y externa) de Nicaragua, sobre todo la onerosa deuda bancaria.
El congreso, sin embargo, aprobó el presupuesto sin tomar estas propuestas en consideración.
Aunque el debate del presupuesto por el congreso debería de ofrecer oportunidades para la participación de la sociedad civil, este no fue el caso en 2007. El presupuesto se introdujo y fue aprobado en sólo 15 días y el público no tuvo acceso oportuno al documento del presupuesto.
El trabajo de IEEPP
El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) publica el boletín Presupuesto Ciudadano diseñado para facilitar la participación pública y las auditorias ciudadanas sobre temas presupuestarios al hacer la información presupuestaria más accesible a los ciudadanos, tomadores de decisiones y OSCs. Los ejemplares de este año cubren distintos ángulos presupuestarios y cada ejemplar incluye información para promover el presupuesto y la educación sobre auditorias sociales. (Ver: http://www.ieepp.org/ o http://www.ieepp.org/auditoriaciudadana).
IEEPP cree que el papel de las OSCs debe de ser de contrapeso a los poderes del estado y de incidir en el proceso de toma de decisiones de políticas públicas. En este sentido, se debe trabajar para impulsar una agenda que incluya: la transparencia presupuestaria, el fortalecimiento de mecanismos simplificados y efectivos de rendición de cuentas, el impulso al gobierno electrónico, mayor conocimiento de la operación de los programas públicos y vigilancia constante del presupuesto y de las prioridades del gasto.
Uno de los principales hallazgos del trabajo presupuestario de IEEPP hasta la fecha ha sido que los presupuestos de salud y educación no incluyen presupuestos e indicadores a cumplirse bajo el presupuesto aprobado. Tampoco incluyen objetivos ligados a las metas del milenio. Por ello, no existe una forma clara de medir los insumos y resultados en estas áreas.
Para mayor información contactar a Dayra Valle Orozco dayravalle@ieepp.org.
Desde 1994 la República Kirguisa ha adoptado varias leyes para abrir el proceso presupuestario, como el mandato de dar a conocer reportes relacionados con la ejecución del presupuesto y mejorar el acceso público a la información presupuestaria. Desafortunadamente, estas reformas no se han integrado completamente al proceso presupuestario.
Para mejorar la participación pública en el proceso presupuestario, el país debe de superar dos obstáculos importantes. Uno es el hecho de que los ciudadanos no entienden que los fondos públicos son propiedad pública y que, por ende, tienen el derecho de revisar los bolsillos del gobierno. Otro obstáculo es el mito entre funcionarios gubernamentales de que la distribución de los recursos públicos es prerrogativa exclusiva del estado.
No obstante, existen señales de progreso. Por ejemplo, están teniendo lugar varias iniciativas de importancia para aumentar la participación de la sociedad civil en el proceso presupuestario. Estas iniciativas reciben el apoyo de agencias internacionales en cooperación con autoridades nacionales de alto nivel. Dentro del marco del diálogo presupuestario apoyado por la Fundación Soros de la República Kirguisa, por ejemplo, eventos clave durante el proceso presupuestario son transmitidos por cadenas de radio y televisión nacionales. Además, se ha llevado a cabo una serie de seminarios y talleres sobre temas presupuestarios para ONGs, especialmente aquellas que representan áreas remotas del país. Asimismo, con el apoyo del Urban Institute, se han organizado audiencias públicas para discutir cuestiones relacionadas con presupuestos locales en muchas regiones del país. El gobierno del Reino Unido mediante su agencia de desarrollo DFID, ha apoyado el establecimiento de una alianza entre ONGs y el gobierno llamada “For Budget Transparency”.
Se espera que el presente apoyo del gobierno a estos esfuerzos no sea únicamente para satisfacer compromisos internacionales; sino que responda a una verdadera comprensión de la importancia de la transparencia presupuestaria para la gente de la República Kirguisa.
Para mayor información contactar a Nurbek Toktakunov Ihrg2003@gmail.com.
The Bottom Billion de Paul Collier: Una reseña por Albert van Zyl
Gran parte de la discusión sobre desarrollo ha sido dominada por el debate entre Jeffrey Sachs y William Easterly. En The End of Poverty, Sachs argumenta que una cantidad significativa de asistencia financiera le permitiría a los países pobres comenzar un proceso de crecimiento sustentable; en The White Man’s Burden, Easterly describe los límites de lo que la asistencia puede lograr. En The Bottom Billion Paul Collier pone énfasis en el debate al tomar en cuenta algunas de las preguntas más difíciles que, ni Easterly, ni Sachs han respondido.
Collier argumenta que la pobreza entre el billón de personas más pobres del mundo cuenta con características únicas y no se puede atender de la misma manera que la pobreza entre los otros 5 billónes de personas que viven en países en vías de desarrollo. Esto, dice el autor, se debe a que los países que albergan al billón más pobre o “bottom billion” están atorados en una o más “trampas de pobreza” que les impide salir de la pobreza extrema. Éstas trampas son:
· La trampa de conflicto;
· la trampa de recursos naturales (también conocida como “maldición de recursos”);
· no contar con salida al mar y tener “malos vecinos”; y
· mala gobernabilidad.
La investigación de Collier ilustra el impacto devastador que cada una de estas trampas tiene en el crecimiento de la economía de los países que albergan al billón más pobre. Sin la intervención externa apropiada, estos países — la mayoría de los cuales están en África — no podrán salir de estas trampas, de hecho, es posible que retrocedan. Collier argumenta que los problemas de estos países no se pueden explicar por una sola causa (como su historia, políticas comerciales o conflictos); sino que más bien es a través de un conjunto de variables interconectadas que se puede hacer una contribución importante al debate sobre desarrollo.
Mientras la asistencia juega un papel determinado, Collier argumenta que “la asistencia por sí misma no resolverá los problemas del billón más pobre — necesitamos emplear políticas más variadas.” Aquí es donde Collier ofrece un escenario más matizado que el de Sachs, Easterly y otros. Collier propone un paquete de herramientas: asistencia, políticas comerciales, intervención militar, leyes y charters, mismas que se explican a continuación.
Collier estima que en los últimos 30 años, la asistencia sólo ha representado el 1 por ciento del crecimiento anual del billón más pobre. Esto es muy significativo en el contexto de muchos de estos países aunque, difícilmente, satisface nuestras expectativas sobre asistencia. Collier argumenta que la asistencia del billón más pobre debe de ser reorganizada y redistribuida ya que esto promovería la efectividad de la asistencia en países con mala gobernabilidad, en donde puede ofrecer los incentivos, capacidades y refuerzos para apoyar los incipientes esfuerzos de reforma. En países que enfrentan la maldición de recursos naturales, por el contrario, la asistencia es prácticamente impotente. La reorganización de la asistencia puede darse si los países post-conflicto reciben grandes cantidades de asistencia una vez que hayan establecido cierto nivel de gobernabilidad y no inmediatamente al finalizar un conflicto, como suele suceder.
Respecto al comercio, Collier dice que el billón más pobre no ha aprovechado las ventajas derivadas de los diferenciales salariales, que han insertado a China y al sudeste asiático en el sistema económico mundial durante los últimos 20 años. A pesar de su análisis extenso sobre cómo las economías marginales se pueden beneficiar del crecimiento de la economía global, él es muy escéptico de que esto suceda pronto. Collier concluye que las políticas comerciales sólo pueden tener un impacto sobre el desarrollo del billón más pobre atrapado en la mala gobernabilidad y no así en los otros tres casos.
Uno de los puntos más controvertidos de Collier es cuando afirma que la intervención militar puede apoyar el desarrollo. A pesar de la inefectividad y poca popularidad de intervenciones como la de Irak, él dice que las intervenciones pueden ayudar al billón más pobre mediante la restauración del orden, mantenimiento de la paz en contextos de post-conflicto y prevención de golpes de estado. A pesar de la elocuencia del argumento de Collier, este capítulo probablemente no tendrá muchos seguidores en vista de la historia reciente. Collier subraya la necesidad de las intervenciones para contar con legitimidad política, pero es muy difícil saber si este requisito se puede alcanzar en vista del oportunismo político que ha caracterizado las intervenciones militares a lo largo de la última mitad del siglo.
La discusión del papel que juegan las leyes y charters en el desarrollo es uno los puntos más innovadores del libro. Collier argumenta que iniciativas como la de “Extractive Industry Transparency Initiative” (EITI), el proceso Kimberley sobre el conflicto de diamantes y la agrupación de leyes de la Unión Europea acquis communautaire demuestra que las normas y leyes cuentan con el potencial de fortalecer a la sociedad civil, reformar a políticos y a otros actores de desarrollo. Collier propone cinco charters para apoyar el desarrollo:
· Charter para los ingresos de recursos naturales con base en los esfuerzos y trabajo realizado por EITI y Publish What You Pay (PWYP).
· Charter para establecer un estándar para la democracia con pesos y contrapesos que vaya más allá de elecciones ‘libres y justas’. Collier se enfoca en el papel de los medios noticiarios — sobre todo el radio — para mantener la honestidad en los regímenes.
· Charter para situaciones de post-conflicto que guiarán el comportamiento de los donatarios y el sistema internacional de seguridad. De forma controvertida, Collier argumenta que los países post-conflicto deben de estar “condicionados” por un período y deben de recibir soberanía absoluta sólo después de haber demostrado avances hacia la gobernabilidad y la seguridad.
· Charter de inversión que pueda guiar a los gobiernos de países pobres sobre cómo tratar con inversionistas domésticos y extranjeros.
· Charter sobre transparencia presupuestaria. Aun cuando es alentador que Collier reconoce el papel de la transparencia presupuestaria en el desarrollo, esta sección decepciona por ser superficial y no ir más allá del debate del Banco Mundial sobre la encuesta de seguimiento de gasto público en África. La mención del trabajo del FMI, OCDE y del IBP podría permitir el desarrollo de un charter más extenso sobre transparencia presupuestaria de lo que el mismo Collier reconoce. Estos charters podrían ser apoyados por organizaciones regionales tales como “African Union”, “the Economic and Monetary Community of Central Africa”, (CEMAC), “West African Economic and Monetary Union” (UEMAO) y “Southern African Development Community” (SADC). La sociedad civil se beneficiaría enormemente de guías internacionales sobre transparencia presupuestaria y participación.
El libro de Collier es importante para la comunidad presupuestaria por varias razones. Primero, ofrece un marco interesante y bien fundado dentro del cual se puede situar al trabajo presupuestario. Su investigación sobre cómo se emplea la asistencia en los presupuestos de los países en donde vive el billón más pobre, por ejemplo, ofrece un análisis invaluable sobre los problemas de asignación de recursos que puede traer consigo la asistencia. (Desafortunadamente, mientras los argumentos de Collier en el libro se fundan en una voluminosa investigación, el libro omite notas al pie de página, lo que impide a los lectores revisar las fuentes de la investigación.)
En segundo lugar, Collier presenta información útil sobre cómo los países hacen uso de las ganancias de los recursos naturales y sobre las debilidades en la inversión de infraestructura pública y privada. Su discusión sobre el papel de los charters también ofrece interesantes perspectivas sobre cómo el trabajo de la sociedad civil sobre transparencia presupuestaria y participación puede avanzar para jugar un papel más prominente en debates más amplios sobre desarrollo .
En tercer lugar, Collier pone énfasis en la importancia de fortalecer la gobernabilidad de pesos y contrapesos “checks and balances” en sociedades vulnerables. El simple hecho de contar con un proceso electoral no garantiza la buena gobernabilidad en el futuro, apunta Collier, debido que las elecciones determinan quién gobierna en lugar de cómo. El argumento de Collier apoya los esfuerzos por fortalecer las instituciones que garantizan pesos y contrapesos presupuestarios como lo pueden ser las instituciones de auditoría, las legislaturas, los medios y, sin duda, la sociedad civil misma, aunque Collier no profundiza al respecto.
Si tiene comentarios sobre esta reseña o sobre el libro de Collier envíe su mensaje a Albert van Zyl albertvzyl@gmail.com y lo publicaremos en el siguiente número de este boletín. Otras reseñas sobre The Bottom Billion se pueden encontrar aquí:
1) The New York Times: http://www.nytimes.com/2007/07/01/books/review/Ferguson-t.html?ex=1187928000&en=4cae82039ff0aaf3&ei=5070
2) The Financial Times: http://www.ft.com/cms/s/4858ed7e-0178-11dc-8b8c-000b5df10621.html
3) The Economist: http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=9581576
4) The American Prospect: http://www.prospect.org/cs/articles?article=help_beyond_aid
5) The Guardian: http://books.guardian.co.uk/reviews/politicsphilosophyandsociety/0,,2099345,00.html
6) The New Stateman: http://www.newstatesman.com/200707190044
7) The Center for Global Development: http://www.cgdev.org/content/general/detail/14379
El 25 de septiembre Paul Collier ofreció una presentación de su libro en la Brookings Institution. Collier comenzó haciendo una revisión sobre cómo y porqué hace una distinción entre el billón más pobre de otros grupos que sufren de subdesarrollo y porqué éste representa un grupo crítico digno de especial atención. Collier argumenta que su análisis sugiere la potencial explosión de recursos en África, que aunque pueda tener un impacto positivo en el corto plazo puede tener repercusiones negativas en el largo plazo si los patrones históricos y reformas al sistema internacional no se hubieran dado.
Collier enfocó sus comentarios en el potencial de las leyes y charters y la política comercial y consideró necesario aclarar su perspectivas sobre la intervención militar diciendo que la intervención en Sierra Leone y no la de Irak representa un modelo apropiado a seguir. Collier se centró en las leyes y charters como una manera de establecer estándares que le permitan a los países llegar a mejores acuerdos sobre la extracción de recursos. Argumentó que el Acuerdo sobre Crecimiento y Oportunidad Africanos “African Growth and Opportunity Act” (AGOA) han sido un éxito en ciertos aspecto y que existe gran potencial para seguir avanzando mediante prácticas comerciales si África pasara por una fase proteccionistas para fortalecer su mercado interno.
Gobind Nankani - presidente de la red de Desarrollo Global “Global Development Network” y anterior vicepresidente para África en el Banco Mundial – ofreció comentarios y críticas al libro The Bottom Billion argumentando que pone demasiado énfasis en África lo que excluye a otros países fuera la región que también son muy pobres y que, por otro lado, no pone suficiente atención al papel del Sindicato Africano “African Union” y a los factores domésticos al hablar de la reforma. Charles Griffin – investigador de Brookings – también cuestionó porqué la falta de educación no se mencionó como una de las trampas que previenen a los países escapar de la pobreza. Collier expresó acuerdo con muchos de los comentarios de Nankani y dijo que The Bottom Billion no intenta ser la última palabra en el tema. A propósito del trabajo presupuestario internacional Collier expresó aprehensión sobre los prospectos de reformas políticas internas positivas.
Collier concluyó dando respuesta a una pregunta de la audiencia sobre qué consejo le daría al nuevo presidente del Banco Mundial (Robert Zoellick) diciendo que él le sugeriría al Banco Mundial dejar de ser una agencia de asistencia y comenzar a ser una agencia de desarrollo.
Para mayor información contactar a Christopher Brown cbrown@cbpp.org.
Mexico's Right-to-Know Reforms: Civil Society Perspectives
El 25 de octubre, el Woodrow Wilson Center, junto con la ONG mexicana Fundar presentarán la publicación: Mexico's Right-to-Know Reforms: Civil Society Perspectives.
En 2002, distintos frentes políticos y de la sociedad civil se reunieron para lanzar una importante reforma sobre transparencia para darles a los ciudadanos mexicanos herramientas institucionales para poner en práctica el "derecho a saber". Este libro reúne una amplia variedad de perspectivas de la sociedad civil y academia en lecciones aprendidas sobre el ejercicio del derecho a la información. Desde la perspectiva electoral, política, económica, social y ambiental, los grupos de interés público y académicos comparten experiencias tanto de los avances como de las limitaciones respecto al control del poder de la información.
El evento incluirá presentaciones de cuatro co-editores, incluyendo a Helena Hofbauer del IBP, a Jonathan Fox, Libby Haight y Tania Sanchez, así como a Kate Doyle del National Security Archive, Jorge Romero de Fundar y Juan Pablo Guerrero, uno de los comisionados de información de México. El libro estará disponible sin costo alguno y también estará disponible en español aquí: http://www.fundar.org.mx. Para mayor información sobre el evento ir a: http://www.wilsoncenter.org/mexico.
Transparency and Accountability in Africa’s Extractive Industries: the Role of the Legislature
En 2005, el National Democratic Institute (NDI) lanzó un programa para mejorar la habilidad de los legisladores africanos en países ricos en recursos naturales para comprender y responder a los retos políticos y económicos que presenta la explotación de recursos naturales. Para conseguir este objetivo NDI llevó a cabo una encuesta en Angola, Botswana, Chad, la República del Congo, Ghana, Nigeria, Sierra Leona y Sudáfrica para identificar las mejores prácticas y otras estrategias para promover la transparencia en las industrias extractivas.
El reporte Transparency and Accountability in Africa’s Extractive Industries: the Role of the Legislature resume los hallazgos más importantes de las entrevistas que se llevaron a cabo y describe los retos que enfrentan los legisladores en África al supervisar las industrias minera y petrolera de sus países. También pone de relieve las mejores prácticas y ofrece recomendaciones para legisladores, grupos de la sociedad civil y la comunidad internacional.
Una de las conclusiones del reporte es que las legislaturas están posicionadas estratégicamente para mitigar los riesgos políticos que puedan surgir de la explotación de recursos naturales. La participación de legisladores informados y comprometidos también puede promover el crecimiento económico y el desarrollo y responder, al mismo tiempo, a las necesidades de la sociedad civil.
Para leer el reporte ir a: http://www.ndi.org/NDI_TransparencyBook(Final).pdf
Nuevos materiales en la biblioteca presupuestaria
Proceso presupuestario
Assessing the Power of the Purse: An Index of Legislative Budget Institutions
Por Joachim Wehner/ London School of Economics
Este artículo presenta un índice que califica a 36 países de acuerdo al control que la legislatura tiene sobre el presupuesto, con base en las instituciones presupuestarias de cada país. Este artículo presenta diferencias sustanciales en el nivel de escrutinio financiero del gobierno por la legislatura en democracias contemporáneas. Muchos de las conclusiones de Wehner demandan nuestra atención. Por ejemplo, el Reino Unido y Canadá,es decir, países que cuentan con economías relativamente muy desarrolladas ocupan un cuadrante inferior en términos del control legislativo sobre el presupuesto, junto con Chile y Sudáfrica. Mientras tanto Argentina y México están en un cuadrante superior junto con Bélgica y Alemania.
Transparencia presupuestaria
Budget, State and People Budget Process, Civil Society and Transparency in Angola
http://www.internationalbudget.org/resources/library/Angola.pdfPor Jan Isaksen Inge Amundsen, Arne Wiig with Cesaltina Abreu/Chr Michelsen Institute
Este estudio busca contribuir a una mejor comprensión del estado de la transparencia presupuestaria en Angola, e indica maneras de aumentar los niveles de transparencia y apertura. El reporte describe el proceso presupuestario en Angola y apunta sus debilidades. Por ejemplo, describe cómo la Institución de Auditoría Suprema en Angola y la Corte de Cuentas sólo entró en funciones recientemente y aún necesita fortalecer su capacidad. Aunque cuenta con fuertes poderes legales, ningún reporte de auditoría se ha producido todavía y sus hallazgos y recomendaciones como tribunal no son conocidos por el público. A pesar de la limitada participación de la sociedad civil en el proceso presupuestario en Angola los autores describen ejemplos exitosos de trabajo presupuestario incluyendo el efecto de la Conferencia Episcopal de Angola e São Tomé’s (CEAST) para presionar al gobierno a subscribirse a los principios de EITI y a una mejor distribución de los recursos naturales de Angola. Tamb