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| JULIO - AGOSTO 2008 No. 45 | |
| EN ESTE EJEMPLAR: HISTORIAS ESTELARES, INCIDENCIA, CONCURSO SE SEIS PALABRAS, NUEVOS RECURSOS, CONFERENCIAS, ANUNCIOS | |
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Historias estelares
1. El IBP cambia su nombre a “International Budget Partnership” 4. CAD en Perú crea creativos incentivos para la buena gobernabilidad por Rocío Campos 5. El poder de enmienda presupuestaria en Sudáfrica: Viejos debates y una nueva propuesta de ley por Len Verwey 6. Proyecto para la protección de servicios básicos en Etiopía por Zinash Kefale
Incidencia 10. Videos de UNIFEM sobre el impacto de los presupuestos de género en Bolivia y Marruecos 12. Estudio vincula a los programas del FMI con el empeoramiento de los niveles de tuberculosis en países post-comunistas 14. El derecho a la alimentación y los presupuestos gubernamentales 15. Conferencia sobre seguimiento del gasto público en Azerbaiyán 16. OSCs de África Occidental participaron en un taller de incidencia presupuestaria 18. Nuevos miembros del equipo del IBP El IBP cambia su nombre a “International Budget Partnership” Como parte de la celebración de nuestro décimo aniversario nos complace anunciar que el International Budget Project ha decidido cambiar su nombre a:
International
Budget Partnership El cambio de “Project” a “Partnership” simboliza que nuestra relación con cada uno de nuestros colaboradores es el eje central de nuestro trabajo y seguirá siéndolo en el futuro. Nuestro nuevo nombre va ligado a la frase: “Open Budgets. Transform Lives” (Presupuestos Abiertos. Transforman Vidas). La frase representa no sólo nuestra dedicación diaria a promover, activamente, la transparencia presupuestaria y la participación ciudadana pero también nuestra intención de orientar nuestros esfuerzos a asegurar que abrir los presupuestos conlleva a una mejor calidad de vida para la gente pobre y de bajos ingresos. Juntos, nuestro nuevo nombre y slogan, son un llamado a la acción. En los próximos 10 años trabajaremos en colaboración con una amplia variedad de instituciones de la sociedad civil para construir alianzas globales y nacionales que hagan uso del análisis de presupuestos y de herramientas de incidencia para el fortalecimiento de la gobernabilidad y la erradicación de la pobreza y la inequidad. Creemos que para lograr estos resultados necesitaremos seguir las siguientes estrategias: i) Incluir en nuestro trabajo un enfoque más intensivo sobre un selecto grupo de países; ii) aumentar la asistencia financiera y técnica dentro de cada uno de esos países para ampliar las coaliciones de la sociedad civil; iii) promover monitoreo más amplio de los presupuestos de gobiernos subnacionales, de la ejecución del presupuesto y de la prestación de servicios públicos; e iv) iniciar un programa subnacional para documentar, aprender y difundir las lecciones del trabajo de campo de nuestros socios o colaboradores. El IBP se fundó hace 10 años para realizar una serie de reuniones para apoyar a organizaciones interesadas en aprender y aplicar el análisis presupuestario y actividades de incidencia. Como pioneros en el área de análisis de presupuestos de parte de la sociedad civil, nuestros esfuerzos fueron oportunos para contribuir al incipiente interés global por la transparencia presupuestaria y la rendición de cuentas. En tanto que nuestro tamaño y complejidad programática han cambiado con el paso del tiempo, nuestra misión sigue siendo la misma: Trabajar con organizaciones de la sociedad civil alrededor del mundo para usar el análisis de presupuestos y la incidencia en favor de mejorar la gobernabilidad y reducir la pobreza e inequidad. Seguimos convencidos de que transformar los presupuestos públicos mediante actividades de incidencia, con base en hechos, es fundamental para hacerle frente a las amenazas de la mala gobernabilidad, la pobreza y la inequidad. Lo que es aún más importante, seguimos comprometidos a trabajar juntos — en una sociedad equitativa — con nuestros socios de la sociedad civil y redes alrededor del mundo para cumplir con esta misión. El cambio real depende sobre todo de la innovación, capacidad y valentía de nuestros socios; nuestra contribución es para fortalecer y apoyar su trabajo y compartir estas lecciones con organizaciones de la sociedad civil, políticos, académicos y expertos en desarrollo alrededor del mundo. Juntos hemos logrado un progreso contundente en nuestra primera década. En muchos países el trabajo de nuestros socios ha mejorado el acceso público a la información presupuestaria y ampliado la participación en el proceso presupuestario. En algunos países ha dado lugar a ajustes importantes en las asignaciones presupuestarias y la calidad del gasto presupuestario que afecta directamente a las comunidades pobres. Es importante reconocer lo que hemos conseguido y ajustar nuestros objetivos para el futuro. En nuestros primeros 10 años, hemos trabajado muy duro para aprender cómo hacer trabajo de presupuestos — en los siguientes 10 años, nos enfocaremos cada vez más en cómo hacer trabajo de presupuestos más efectivamente. El reto principal para el IBP es asegurar que el trabajo presupuestario se traduzca en cambios reales en la vida de la gente pobre, con mayor frecuencia y en más países. Nuestro slogan — "Open Budgets. Transform Lives." — transmite este cambio estratégico en nuestra perspectiva. El cambio de nombre es sólo uno de varios avances emocionantes en el IBP. Algunos puntos sobresalientes de nuestro trabajo reciente y futuro incluyen lo siguiente: Partnership Initiative (PI): A comienzos de este año, el IBP lanzó un nuevo programa llamado — “Partnership Initiative” — que colaborará intensivamente con múltiples socios y coaliciones en cada uno de 15-18 países para promover la investigación presupuestaria y acción con potencial de catalizar cambios en los sistemas de presupuestos, instituciones, asignaciones e impactos. El PI también incluirá un programa de investigación sustancial para darle seguimiento y documentar el impacto del trabajo que apoyaremos. Esperamos que el PI funcione como una incubadora para el trabajo innovador que pueda ser adaptado alrededor del mundo. Open Budget Initiative (OBI): A principios de diciembre de este año, publicaremos el Índice de Presupuestos Abiertos 2008 – una encuesta sobre el acceso público a la información del presupuesto en más de 80 países. El OBI será lanzado simultáneamente en DC, Londres y varios centros regionales en África, Asia y América Latina. El IBP también planea una expansión importante del Índice de Presupuestos Abiertos para medir la transparencia presupuestaria a nivel subnacional, así como investigación y un programa de incidencia más vigoroso. Ampliar el trabajo de comunicaciones: A principios de 2009 lanzaremos una versión significativamente actualizada y revisada de nuestra página de internet que incluirá secciones especiales para principiantes y para expertos en el tema, así como un programa de aprendizaje a distancia y muchas herramientas para analizar los presupuestos y tomar acción. También crearemos un espacio en la página de internet, exclusivamente, para que nuestros socios se comuniquen directamente unos con otros y publiquen artículos, con el objeto de fortalecer nuestra red y aumentar el aprendizaje entre colegas. La nueva página de internet complementará el reciente aumento en nuestras actividades en línea que incluyen la publicación regular de nuestra gaceta (Budget Briefs) (http://www.internationalbudget.org/resources/briefs/) y del Open Budgets Blog (http://internationalbudget.wordpress.com/). Fortalecimiento del monitoreo del gasto: A fin de promover nuestro creciente énfasis en el monitoreo de la ejecución del presupuesto a nivel subnacional, nuestra área de capacitación está piloteando un nuevo programa de capacitación con duración de 10 días sobre herramientas de monitoreo del gasto - como encuestas de seguimiento del gasto público y audiencias públicas comunitarias. Los cursos comenzarán a mediados del 2009. Para complementar esta capacitación, haremos un mayor esfuerzo para trabajar con INTOSAI y con asociaciones internacionales de legisladores para fomentar relaciones de colaboración más cercana entre la sociedad civil, las instituciones supremas de auditoría y las legislaturas. Descentralización del IBP: Para mejorar nuestra capacidad de respuesta y la efectividad de nuestros programas, el IBP ha abierto pequeñas oficinas en la ciudad de México y Cape Town y pronto abrirá una oficina en Asia. Las oficinas regionales del IBP son responsables de programas globales que previamente estaban situados en Washington, DC. Nuestra área de asistencia financiera es manejada desde la ciudad de México y nuestra área de capacitación desde Cape Town. Como parte de este cambio de gobernabilidad, pronto lanzaremos un reanimado Comité Consultivo Estratégico del IBP. Esperamos que comparta nuestro optimismo y entusiasmo por el trabajo presupuestario y de incidencia de la sociedad civil y esperamos seguir contando con su colaboración en el camino compartido hacia la buena gobernabilidad y el alivio de la pobreza. “La audiencia pública y la oportunidad de testificar me han sensibilizado respecto al tema de CDF y respecto al hecho de que la gente tiene el derecho a hacer preguntas de los proyectos de CDF. Esto es importante ya que la mayoría de la gente en Kenia y en la región no está conciente de sus derechos. Muchos tienen miedo de hacer preguntas cuando se trata de proyectos financiados con recursos públicos, aunque tengan muchas preguntas.” – Sr. Moses Tsuma, Distrito de Kilifi, Kenia. En agosto 2007 el IBP compartió la experiencia de las auditorías sociales realizadas en la ciudad costera de Mombasa, Kenia, por el grupo “Muslims for Human Rights” (MUHURI), una organización de derechos humanos que monitorea el fondo de desarrollo distrital “Kenya’s Constituency Development Fund” (CDF). El CDF es un fondo a través del cual los miembros del parlamento reciben casi $1 millón de dólares para gastar en proyectos de infraestructura social en sus distritos. Este artículo describe el segundo ejercicio de auditoría social organizado por MUHURI en la distrito de Bahari, al norte de Mombasa. El segundo taller de auditoría social y la segunda audiencia pública de MUHURI se llevaron a cabo en julio 2008, aquí se obtuvo información detallada sobre proyectos de CDF en el distrito de Bahari, y con la colaboración de miembros del IBP y de la organización India, Mazdoor Kisan Shakti Sangathan, (MKSS) se capacitó a miembros del equipo de MUHURI así como a sus afiliados sobre el CDF y la metodología de auditoría social. Con esta información, los auditores sociales visitaron varias localidades del distrito con el objetivo de verificar, entre otras cosas, la correcta utilización de los recursos, la relevancia de los proyectos de infraestructura para la comunidad, así como si estos proyectos se deciden de manera participativa. A su vez, este ejercicio sirve para crear conciencia entre las comunidades y trabajar con ellas para evaluar si los fondos CDF habían sido implementados correctamente para beneficiar a la población objetivo. EL CDF se concibió originalmente como un “fondo de desarrollo” que sería utilizado para financiar proyectos prioritarios para la comunidad. Sin embargo, acceder a la información sobre el fondo y los proyectos que financia no es una tarea sencilla. El hecho de que en Kenia no existe un ley de acceso a la información pública, hace que el obtener la información sobre CDF sea aún más difícil. Para este segundo ejercicio de auditoria social, MUHURI solicitó información al comité encargado de la implementación del fondo o CDC (Constituency Development Committee), del distrito de Kisauni. Desafortunadamente, una semana antes de que se llevara a cabo el taller y la audiencia pública las oficinas de CDC en Kisauni fueron usurpadas y los récords que se iban a utilizar para el ejercicio de auditoría social “desaparecieron.” MUHURI, entonces, recurrió al distrito de Bahari para solicitar información sobre los proyectos del CDF en este distrito. Los miembros del CDC de Bahari, entregaron información detallada sobre al menos 15 proyectos; con dicha información fue posible llevar a cabo el proceso de auditoría social. Los auditores sociales analizaron documentos, identificaron información importante y asignaron responsabilidades dentro de sus grupos. Acto seguido llevaron a cabo un proceso de verificación física al visitar los lugares del proyecto y preguntarle a los residentes sobre los proyectos bajo escrutinio. Durante la verificación física, uno de los proyectos examinados fue la construcción de un baño para el jefe del gobierno local. Los activistas de MUHURI encontraron que el baño estaba mal construido y que el escusado se estaba hundiendo. Los auditores también descubrieron que la instalación de un politécnico situado en otra localidad, no contaba con instalaciones eléctricas o de agua potable, además de que se encontraba tan aislado, que sería dificil para los jóvenes llegar hasta ahí. La audiencia pública que ser organizó para culminar este proceso de auditoría social, se llevó a cabo el 19 de julio 2008, y asistieron aproximadamente 700 personas provenientes de todas las localidades auditadas. En el panel, se encontraban miembros del equipo de MUHURI, observadores internacionales de Tanzania, un miembro del parlamento de Tanzania, los miembros del CDC del distrito de Bahari, así como el alto comisionado de Derechos Humanos de Kenya. Los auditores sociales, quienes durante una semana llevaron a cabo las verificaciones de campo, leyeron los hallazgos de la investigación sobre los proyectos CDF e invitaron a los residentes a hacer preguntas a los funcionarios de CDF ahí presentes. Entre los hallazsgos más importantes se encuentra lo siguiente: 1. Las comunidades no estaban al tanto de quienes eran los contratistas del proyecto o cómo eran seleccionados. (Dos o tres proyectos tenían el mismo contratista.) 2. Conflictos internos dentro del comité del proyecto en donde algunos miembros tuvieron más voz que otros. 3. Las mujeres no siempre eran tomadas en cuenta y expresaron que los proyectos no las beneficiaban. 4. Los trabajadores vinieron de fuera en lugar de ser contratados desde dentro de las comunidades. En algunos casos en donde los residentes locales habían sido contratados no habían recibido pago completo por su trabajo. 5. Las cuentas o “Bills of Quantity” (BQ) excedieron los montos estipulados y los materiales no coincidían con lo que decía el BQ. Parte importante de la estrategia de comunicación de MUHURI es la música, el teatro y las marionetas a través de lo cual se pretende hacer más accesible el tema del CDF. Al final de la audiencia pública se adoptó una resolución sobre transparencia, rendición de cuentas y mayor participación en la administración de CDF. MURURI planea organizar varias audiencias públicas similares sobre CDF en los meses siguientes. Para mayor información, contactar a Sowmya Kidambi de MKSS sowmyakrishkidambi@gmail.com o a Manuela Garza del IBP garza@cbpp.org. [1] Para el reporte de esta audiencia pública ir a: http://www.internationalbudget.org/Bahari_Social_Audit.doc La salud en la comunidad de Las Moras en Huánuco, Perú, consiste de una clínica de salud de un solo cuarto, pobremente equipado, con una enfermera auxiliar en donde se atiende a muy pocos pacientes. En 1994, la clínica de salud primaria en Las Moras y otras 250 del país se incorporaron a un nuevo sistema de alianza entre el gobierno y la comunidad para administrar, financiar, monitorear y brindar servicios de salud primaria llamada Programa de Administración Compartida. El programa está formado por comités de miembros electos por la comunidad conocidos como Comunidades Locales de Administración de Salud (CLAS), con asociaciones no lucrativas privadas para coadministrar los fondos gubernamentales de servicios de salud primaria. Esto les permite a las comunidades no sólo tener voz para definir las prioridades y vigilancia; sino también tener control directo sobre el gasto de los fondos públicos para infraestructura, equipo y recursos humanos. Desde la introducción de CLAS, “Future Generations”, una ONG privada ha trabajado con el gobierno, la sociedad civil y las comunidades locales para diseñar el sistema CLAS y construir la capacidad de las comunidades para concretar el éxito de CLAS. Como resultado de la participación en CLAS, la clínica de salud de Las Moras construyó cuartos adicionales y un centro de natalidad, adquirió equipo necesario de manera oportuna y aumentó su personal a 36 miembros incluyendo doctores. Ahora apoya un sistema de promotores de salud comunitaria que están capacitados y supervisados por personal profesional de salud para hacer visitas mensuales a familias con mujeres embarazadas y con niños menores de 2 años de edad para recibir chequeos y educación de salud. Este sistema de apoyo ha cuadruplicado el nivel de cobertura de salud maternal e infantil. Las Moras no representa una historia aislada de éxito, CLAS se ha expandido por todo el país mejorando la cobertura de salud y la eficiencia en la prestación de servicios. Los comités de CLAS ahora supervisan a un tercio de todos los servicios de salud primaria del gobierno. CLAS es apoyado por los sistemas administrativos y financieras del sector de salud del gobierno y es capaz de movilizar — mediante presupuestos participativos, donaciones, esquemas de prepago y otros medios — recursos complementarios de municipalidades locales y otras entidades gubernamentales y no gubernamentales para alcanzar las metas del sector salud. Esta estrategia, sin igual, de participación directa de la comunidad se ha traducido en más fondos públicos y privados para instalaciones locales de salud y en mayor eficiencia en el uso de estos recursos para aumentar la calidad y utilización de servicios de salud. Los estudios demuestran que CLAS ha logrado mayor cobertura de servicios de salud clave para madres y niños, mayor equidad y niveles más altos de satisfacción que los servicios de salud pública primaria que operan tradicionalmente. Aunque el sistema CLAS no abarca a todo el país, una nueva legislación le ha autorizado a los gobiernos municipales la responsabilidad de administrar la salud primaria y requiere abrir los procesos presupuestarios al público. [1] En el contexto de la descentralización, el gobierno central de Perú está preocupado por aumentar el papel y las capacidades de los gobiernos municipales, muchos de los cuales atienden pequeños distritos rurales y peri-urbanos. Los gobiernos municipales históricamente han invertido sus pequeños presupuestos en infraestructura local con poca rendición de cuentas por parte de sus constituyentes. El ampliar el papel de los gobiernos locales para incluir la prestación de salud primaria puso mayor atención al tema de la capacidad y rendición de cuentas lo cual se refleja en los requisitos legislativos para que las municipalidades abran sus procesos presupuestarios a la participación pública y promuevan presupuestos por resultados. Aún con el mandato general de salud, sólo una parte de los ingresos de las municipalidades se distribuyen mediante procesos de presupuestos participativos. Existe poca información sobre cómo va funcionando este proceso, pero al parecer todo va muy bien. “Future Generations” apoya el sistema de presupuestos participativos de CLAS y de coadminsitración local mediante la vinculación más efectiva de estas funciones con las comunidades [los comités] que atiende CLAS y con ello ayudar al sistema de salud a fortalecer su relación con las municipalidades locales. El objetivo es desarrollar un modelo comunitario efectivo y eficiente de salud con base en la integración de procesos presupuestarios por resultados en la vigilancia de la prestación de servicios de salud primaria a nivel local. “Future Generations” capacita a equipos de oficinas municipales, personal del sector salud y representantes de la comunidad para trabajar con comunidades locales para desarrollar una visión estratégica con base en datos locales y prioridades comunitarias y en un plan de trabajo para implementar la visión. Para las prioridades comunitarias que requieren recursos fuera de la comunidad, se presentan proyectos en el proceso anual de presupuestos participativos. Los funcionarios municipales han encontrado que éste es un método ideal para asegurar que se satisfagan las necesidades y demandas de la comunidad tal como lo exige la ley, así como aprender capacidades organizativas que acerquen a las comunidades con sus constituyentes. [2] El esfuerzo de aumentar la transparencia al abrir el proceso de toma de decisiones y el control social a la participación pública contribuye a la descentralización en Perú. El propósito de programas como CLAS es darles a los ciudadanos, a las comunidades y las instituciones las herramientas para coadministrar el uso de los fondos públicos, alcanzar los objetivos de equidad mediante la gobernabilidad compartida de servicios sociales a nivel local y de las inversiones para el desarrollo. Siguiendo con estos principios, la comunidad de Las Moras en Huánuco ha reducido, significativamente, la malnutrición crónica y se ha ganado el reconocimiento del Ministerio de Salud y de la Sociedad Nacional de Industrias del Perú, y sirve como observatorio nacional y centro de capacitación para repetir el modelo CLAS en otras regiones del país y el exterior. Para mayor información contactar a Laura C. Altobelli laura@future.org o a Daniel Taylor daniel@future.org. Ver también www.future.org. [1] Los presupuestos participativos no son el enfoque central a nivel nacional, pero sí lo es en los CLAS que reciben asistencia técnica de parte de “Future Generations”. [2] Algunas necesidades de los países pueden ser implementadas con recursos de la comunidad como la limpieza de la comunidad. CAD en Perú crea creativos incentivos para la buena gobernabilidad por Rocío Campos En julio Beatriz Boza, fundadora y directora ejecutiva de Ciudadanos al Día (CAD), un tanque de pensamiento enfocado en actividades de incidencia ofreció una presentación en el “National Endowment for Democracy” (NED) en Washington, DC, bajo el título “Providing Incentives for Democracy: A Bottom Up Approach.” En su presentación Boza describió los métodos innovadores promovidos por CAD para crear incentivos para reformas que sean eficientes y de bajo costo y que promuevan el uso de la ley. Boza discutió algunas de las preguntas que guiaron las actividades de CAD: · ¿Cómo convencer a los gobiernos locales de implementar reformas costosas que no les beneficiarán en el corto plazo? · ¿Cómo transformar las demandas de los ciudadanos y pequeñas industrias en planes de acción colectivos para hacer reformas? · ¿Cómo generar dichas demandas en primer lugar? · ¿Cómo garantizar la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno? · ¿Cómo asegurar la sustentabilidad de los esfuerzos de reforma? Boza describe cómo CAD hace uso de la información, del poder de ilustrar buenas prácticas para generar continuidad de las mismas y de ofrecer acceso a la información para ganar la confianza de la ciudadanía. CAD ha encontrado que el uso de información es una estrategia efectiva para promover el uso de la ley, quizás aún más poderosa que otros métodos más tradicionales como la capacitación de funcionarios oficiales, el cabildeo para cambiar leyes o el aumento de presupuestos de reforzamiento. Boza compartió el ejemplo del envío de un simple correo electrónico que CAD mandó a funcionarios del gobierno poniéndolos al tanto de una ley que requiere que cierta información esté accesible al público a través del internet. El correo electrónico publicó investigación llevada a cabo por CAD en donde se evaluaba cuales instituciones estaban cumpliendo con la ley y cuales no. The research findings compared government entities, highlighting those that were performing well and benchmarking them against those who were performing poorly. Antes de que CAD enviara el correo electrónico sólo 20 por ciento de los funcionarios públicos se apegaban a la ley de transparencia. Un día después de que se enviara el correo, el nivel de apego a la ley aumentó a 70 por ciento. Este ejemplo no sólo es una gran inspiración; sino que demuestra el importante papel que las organizaciones de la sociedad civil pueden jugar al poner la información al alcance tanto de los gobiernos como de los ciudadanos y hacer que la información genere competitividad y sirva para mostrar éxitos. [1] Cuando Boza habló del poder del muestreo, describió la premiación de mejores prácticas de CAD y las iniciativas de ranqueo RankinCAD. (Ver también: http://www.internationalbudget.org/resources/newsletter35.htm#CAD y http://www.ciudadanosaldia.org/premiobpg2007/ganadores_2007.pdf). A través de estos programas, CAD pone énfasis en los éxitos conseguidos por las entidades públicas, en lugar de sólo enfocarse en las deficiencias del gobierno. Esta estrategia crea demanda para la continuidad de mejores prácticas al ofrecer un incentivo a los gobiernos para mejorar al reforzar la rendición de cuentas. Boza mostró un video de una de las ceremonias de premiación de CAD. La emoción y anticipación de los participantes antes de que se anunciara al ganador de cada categoría era evidente. La legitimidad y credibilidad de la ceremonia de premiación son un sano incentivo para la buena gobernabilidad entre los funcionarios públicos, quienes participan y compiten con base en nuevas y existentes mejores prácticas del desempeño de sus respectivas áreas en el gobierno. Finalmente, el acceso a la información como medio de ganar la confianza de los ciudadanos es fundamental para lograr la buena gobernabilidad. En un país como Perú en donde casi 40 por ciento de las personas continúan viviendo en la pobreza y con casi 14 por ciento en pobreza extrema, el nivel de confianza en las instituciones del gobierno es muy bajo. De acuerdo con el Latinobarómetro [2] la satisfacción pública con los servicios de salud y educación en Perú es la más baja entre los 18 países encuestados. Por ello, CAD trabaja para asegurar que las entidades gubernamentales compitan a fin de servir a los ciudadanos y ganarse su confianza al ofrecer información comprensible y útil mediante los medios de comunicación que, a su vez generan, demandas ciudadana por servicios gubernamentales de alta calidad.
[1] A
pesar de que el correo no consiguió que 100 por ciento de los
funcionarios se apegaran a la ley de transparencia, sin duda tuvo un
impacto muy positivo. Para mayor información ir a: http://www.ciudadanosaldia.org/ A pesar de que el primer parlamento democrático de Sudáfrica en 1994 incluyó a muchos miembros de alto nivel del Congreso Nacional Africano “African National Congress” (ANC) y aprobaron una amplia variedad de leyes, no aprobó la legislación requerida constitucionalmente que definiría los poderes de enmienda presupuestaria del parlamento. Hoy en día el parlamento sudafricano está por aprobar las apropiaciones del presupuesto en su totalidad. Puede, en principio rechazar una asignación a un departamento en particular, aunque no existen procedimientos para enmiendas menos radicales a la asignación. El rechazo total de una asignación departamental necesariamente sería interpretada como un voto de no confianza y traería consigo una crisis de gobernabilidad y hasta de carácter constitucional. El poder de enmendar propuestas del presupuesto le puede permitir al parlamento tener un papel más sustantivo que simplemente ofrecer su sello de aprobación, lo que pone en duda la legitimidad del gobierno. En agosto 2008 el parlamento sudafricano recibió la entrega de propuestas de una nueva legislación para establecer su poder de enmienda a la propuesta presupuestaria del ejecutivo. El nivel apropiado de participación del legislativo en Sudáfrica ha sido tema de discusión por más de una década. La nueva propuesta del ley captura algunos de estos debates pero tiene muchas deficiencias y lo más seguro que no se aprobada sin antes pasar por una serie de modificaciones. Una pregunta básica en los debates de enmiendas presupuestarias es si las legislaturas deben de tener la habilidad de cambiar los presupuestos agregados, es decir, el poder implícito sobre la política fiscal y administración macroeconómica. En algunos países las legislaturas tienen poderes de enmienda ilimitados, mientras que en otros las legislaturas sólo pueden reducir los niveles presupuestarios agregados. En otras palabras, pueden reasignar fondos entre distintas categorías de gasto, pero el impacto global de sus cambios debe de tener como resultado una posición fiscal conservadora, conforme a algún indicador específico, como el tamaño del déficit. En otros países las legislaturas pueden tener la autoridad de aumentar y disminuir las asignaciones en categorías individuales pero el resultado de cualquier cambio debe de quedar dentro del balance presupuestario inicial. La propuesta de ley no aclara el alcance del poder de enmienda, por ejemplo si los agregados propuestos por el ejecutivo deben de retenerse o si las enmiendas del parlamento pueden tener algún impacto macroeconómico. Cualquier legislación que se proponga tiene que tener claridad respecto a esta pregunta básica si es que espera guiar el proceso de enmienda y evitar los excesivos conflictos y oportunismo político, así como continuar relegando al parlamento a un papel simbólico. Además, la propuesta de ley tiene otras omisiones que necesitan atenderse. Establece que el parlamento puede enmendar una propuesta monetaria tras considerar y adoptar el “marco fiscal.” Sin embargo, la propuesta no ofrece una definición clara de lo que se entiende por “marco fiscal.” Específicamente, no indica si esto se refiere a un conjunto de reglas fiscales (restricciones sobre el déficit y la deuda accionaria en proporción al tamaño de la economía, por ejemplo), o si más bien se refiere a un compromiso más amplio de “prudencia fiscal” y a un régimen de transparencia-discrecional fiscal, como el que existe en Sudáfrica. Las reglas fiscales limitan la habilidad del gobierno para responder a las cambiantes circunstancias, aunque dichas reglas con frecuencia son evadidas por los gobiernos cuando se sienten atrapados. “La prudencia fiscal,” por el otro lado, es un concepto normativo — mantener un superávit presupuestario puede ser “prudente” para la economía de derecha pero conservadurismo excesivo para la izquierda. Como se trata de cuestiones potencialmente divisorias, la legislación necesita ser clara. Otra preocupación con la propuesta de ley es que ofrece cuatro meses para completar el proceso de enmienda, fallo que existe en el presupuesto original. No se trata de una gran cantidad de tiempo, en vista de la complejidad potencial de esta tarea. Por otro lado, la credibilidad del presupuesto puede sufrir si un proceso de enmienda permitiera continuar mucho más que esto. En sus comentarios sobre la propuesta entregada al parlamento, Idasa argumentó que se debe de incluir lenguaje que establezca el procedimiento mediante el cual se puedan concebir enmiendas importantes al presupuesto en el mediano plazo del proceso presupuestario. Bajo este marco, el parlamento puede adoptar un presupuesto pero formalmente indicar su intención de sugerir enmiendas que necesiten estar reflejadas en el siguiente presupuesto. El ejecutivo estaría obligado a atender e involucrarse en estas enmiendas en su siguiente presentación de mediano plazo sobre política presupuestaria “medium-term budget policy statement” (MTBPS). Esto les daría al parlamento un papel limitado pero útil sobre “las propuestas presupuestarias,” en el sentido de que cualquier preocupación con un presupuesto determinado pueden (con la ayuda del ejecutivo) informar la creación del siguiente presupuesto. El ejecutivo no necesariamente está obligado a adoptar los cambios propuestos por el parlamento en su MTBPS pero puede estar obligado a participar formalmente y ofrecer comentarios, en un apéndice por ejemplo dirigido al “Budget Review or Medium-Term Budget Policy Statement”. Si el parlamento sintiera que sus propuestas no estaban siendo consideradas seriamente, aún tendría el poder de enmienda legislada como una forma de presión. Otras organizaciones hicieron observaciones similares a las que aquí se presentan. La Tesorería Nacional enfatizó la necesidad de una cláusula de “responsabilidad fiscal”, que muy probablemente establecería los parámetros de enmienda. Es poco probable que una propuesta de ley revisada sea contabilizada este año o que tenga mucho impacto en las deliberaciones del presupuesto del 2009. Para mayor información contactar a Len Verwey lverwey@idasa.org.za. Proyecto para la protección de servicios básicos en Etiopía por Zinash Kefale Etiopía es uno de los países más pobres del mundo con un ingreso per capita de sólo $130 dólares. El gobierno está decidido a aumentar sus esfuerzos de reducción de la pobreza y está preparando la segunda ronda de DERPS (Documentos sobre Estrategias para la Reducción de la Pobreza) conocido como Plan de Progreso Acelerado y Sustentable hacia el Desarrollo “Plan for Accelerated & Sustained Progress towards Sustainable Development” (PASDEP), que cubre el período 2005-06 a 2009-10. Además se planeó un paquete de Apoyo Presupuestario Directo “Direct Budget Support” (DBS) como instrumento principal para el financiamiento de PASDEP. En caso de que los donatarios suspendieran DBS a Etiopía en noviembre 2005 - debido a cuestiones de gobernabilidad relacionadas con el controvertido proceso electoral de mayo 2005 - la Protección de Servicios Básicos “Protection of Basic Services” (PBS) se creó como un instrumento alternativo a DBS para proteger la provisión de servicios básicos de parte de los gobiernos subnacionales. La diferencia entre PBS y DBS es que PBS está dirigido al gasto subnacional de combate a la pobreza y cubre gastos de educación primaria y secundaria, agua, salubridad y agricultura. PBS también exige un monitoreo más minucioso del gasto e implementación de recursos para asegurar que los fondos sean usados para los fines intencionados. Esto incluye actividades dirigidas a fortalecer los derechos fiduciarios del gobierno y ajustar los requisitos de los reportes fiscales. En vista de que la prestación de servicios básicos tiene lugar a nivel subnacional, PBS también busca apoyar el fortalecimiento de la gobernabilidad institucional en Etiopía. El proyecto PBS incluye un componente para desarrollar la participación ciudadana en la prestación de servicios básicos y darles a los ciudadanos la oportunidad de hacer escuchar su voz mediante un programa que busca mejorar la rendición de cuentas en la prestación de servicios básicos. Representa una colaboración entre los esfuerzos de los donatarios y del gobierno para continuar con el apoyo de los presupuestos nacionales para la reducción de la pobreza y la prestación de servicios. Por ende, PBS busca más y mejores servicios así como mayor rendición de cuentas a nivel local. Los objetivos de PBS son: · mejorar el desarrollo humano y promover el crecimiento económico; · mejorar la gobernabilidad; · proteger y expandir la prestación de servicios básicos por parte de gobiernos subnacionales mediante el aumento del volumen agregado de recursos federales a las regiones y distritos (woredas) mediante el marco intergubernamental existente; · asegurar el uso efectivo de transferencias de recursos a las regiones o woredas, · fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas a nivel local; y · fomentar la transparencia del proceso presupuestario Componentes del programaEl programa PBS consiste de cuatro componentes. Tres de los cuatro componentes de PBS serán implementados mediante el sistema descentralizado de prestación de servicios básicos existente, haciendo uso del sistema público de administración financiera de Etiopía. La excepción es el Componente 4 que requiere de administración fuera de los sistemas gubernamentales. Los cuatro componentes son: Componente 1 – Fomentar la prestación de servicios básicos como educación, salud, agua, salubridad y agricultura y servicios administrativos (por ejemplo, oficinas regionales de finanzas, oficinas por sectores y oficinas de auditoría). Componente 2 – Alcanzar los objetivos del milenio sobre salud y lograr un mayor impacto en los servicios de salud primaria como el programa auxiliar de malaria.
Componente 3 – Reforzar los acuerdos con donatarios para el
monitoreo de PBS y mejorar la gobernabilidad institucional, la
transparencia financiera y la rendición de cuentas. A fin de evaluar el
cumplimiento de estos objetivos, el componente apoyará una variedad de
herramientas para medir el proceso y los resultados. Este componente
afianzará la capacidad del Ministerio de Finanzas y Desarrollo Económico
“Ministry of Finance and Economic Development” (MFED) al brindar
asistencia técnica; contratar a contadores y personal adminsitrativo;
ofrecer capacitación y equipo básico tanto a MFED como a la oficina
regional de desarrollo económico y financiero. También financiará
actividades urgentes para el fortalecimiento de capacidades para la
oficina del auditor general “Office of the Federal Auditor General” (OFAG),
incluyendo capacitación y paquetes de hardware y software para auditar
continuamente las actividades llevadas a cabo bajo el componente 1. · promover la transparencia de los procesos presupuestarios y la capacidad ciudadana y de organizaciones de la sociedad civil para hacer análisis de presupuestos y, con ello, aumentar la participación en dichos procesos; · apoyar los mecanismos seleccionados para fortalecer la voz de los ciudadanos y de la sociedad civil para aumentar la rendición de cuentas en el contexto de la descentralización de servicios públicos; · evaluar las lecciones aprendidas a través de otras iniciativas apoyadas por este componente; · difundir estas lecciones y · preparar efectivos esquemas de rendición de cuentas social. Respecto al acceso a la información del presupuesto a nivel regional, el componente 3 promueve iniciativas para dar a conocer información del presupuesto a nivel regional y de woredas (datos sobre el presupuesto, gastos y auditorias) al público en general mediante distintos medios y foros para aumentar la conciencia sobre el presupuesto. También planea publicar una versión simplificada del presupuesto y de los formatos de egresos para dar a conocer el presupuesto público. Otras actividades para promover la transparencia financiera y la rendición de cuentas de la administración de la ciudad a sus residentes son: · ampliar el acceso al presupuesto de la ciudad por parte de los residentes mediante revisiones públicas y participativas del gasto y de encuestas ciudadanas de satisfacción sobre la prestación de servicios municipales; · apoyar la difusión de información presupuestaria a nivel regional y woreda dentro del gobierno y entre los ciudadanos; · capacitación práctica sobre presupuestos para miembros del consejo regional y woreda, funcionarios kebele, prestadores de servicios, representantes de la sociedad civil y otros interesados; · asistencia técnica especializada para las administraciones woreda que tienen que mejorar sus actividades de apertura de presupuestos; · desarrollar procesos de mediación respecto a procesos presupuestarios a nivel regional y woreda. PBS cuenta con indicadores de desempeño específicos y mecanismos que miden el progreso hacia objetivos y metas establecidas. Los resultados que se espera conseguir con PBS incluyen: mejorar la oportunidad, precisión y transparencia a distintos niveles administrativos; aumentar el flujo de recursos hacia gobiernos subnacionales y aumentar el gasto a servicios básicos. Los resultados que se pueden monitorear incluyen mejoras en la prestación de servicios lo que, a su vez, lleva a resultados de más alto nivel como la reducción de niveles de mortalidad infantil y los niveles en el registro de escuelas primaria. El progreso hacia resultados de largo plazo y las metas establecidas en el PASDEP también serán monitoreadas. El papel de PANE apoyando a PBSLa red “Poverty Action Network of Civil Society in Ethiopia” (PANE) está formada por más de 90 organizaciones de la sociedad civil que buscan reducir la pobreza en Etiopía mediante la participación en procesos políticos, sobre todo los Documentos sobre Estrategias de Reducción de la Pobreza (DERPS) del gobierno de Etiopía y las metas del milenio “Millennium Development Goals” (MDGs). PANE espera conseguir esto mediante investigación, análisis político, incidencia y mediante el intercambio de información. La membresía de la red se compone de una variedad de actores de la sociedad civil incluyendo ONGs locales e internacionales, redes de ONGs, instituciones de investigación, organizaciones religiosas, asociaciones de jóvenes y mujeres y organizaciones comunitarias. PANE cuenta con capítulos regionales a lo largo del país. La red tiene el objetivo general de coordinar la participación de grupos de la sociedad civil y apoyar a los ciudadanos a participar activamente en políticas de reducción de la pobreza con la intención de promover cambios de manera rápida y sustentable en el bienestar de la gente especialmente los pobres. PANE trabaja como miembro de la mesa directiva, que fuera establecida para guiar a la agencia administrativa y, en esa capacidad, actualiza al grupo presupuestario de PANE y al grupo de diálogo e investigación en donde habla de los avances de PBS. Además PANE comparte su experiencia de análisis de presupuestos con las iniciativas piloto del proyecto PBS, así como su experiencia con la aplicación del índice ciudadano “Citizen’s Report Card Study” en Etiopía como una herramienta de rendición de cuentas social, que puede ser utilizada por organizaciones seleccionadas para encabezar el componente de rendición de cuentas social dentro del proyecto PBS. Para mayor información contactar a Zinash Kefale zinashk@yahoo.com Por más de 20 años, el “Center on Budget and Policy Priorities” ha producido una respuesta inmediata dentro de las primeras 24 horas del lanzamiento anual de datos sobre el crecimiento del ingreso, los niveles de pobreza y el número de personas que no cuentan con seguro médico. Estos datos son dados a conocer cada año por el “U.S. Census Bureau”, que realiza encuestas anuales de viviendas en EUA y que publica un reporte anual que incluye una amplia variedad de datos sobre los niveles de pobreza e ingreso promedio para distintos grupos demográficos. El objetivo principal de sacar nuestro análisis el mismo día es resaltar lo que los datos dicen sobre el avance (o retraso) que ha tenido el país en su lucha contra la pobreza, el aumento de los niveles de vida de familias a lo largo de la distribución del ingreso y el asegurar que todos los individuos tengan acceso a seguro médico. Se le brinda a los medios y a otros actores interesados un análisis e interpretación de datos independiente del que reciben de las agencias gubernamentales de estadística. En el día del lanzamiento, el Centro revisa la información tan pronto como ésta se hace disponible. Después se anuncia una declaración de una hoja para los medios con el objeto de tener un impacto en las primeras notas que se escriban al respecto. Temprano por la tarde se lleva a cabo una conferencia de prensa telefónica con reporteros para discutir la información y más adelante - esa misma tarde - se anuncia un análisis escrito, (de alrededor de 7 páginas) en la página de internet. En Estados Unidos, la prensa comienza a reportar sobre la información inmediatamente después de que se da a conocer, por ello, es crucial poder presentar comentarios sobre los datos rápidamente. En otros países en donde los medios no reaccionan tan deprisa a información estadística nueva, la publicación de un análisis puede ser menos urgente. ¿Por qué hacer un análisis independiente de datos estadísticos nuevos? La razón principal de crear una respuesta propia al lanzamiento de nuevos datos sobre indicadores clave del bienestar de la pobreza o crecimiento del ingreso, es el poder ofrecer una perspectiva que, de otro modo, puede escapar al debate de la nueva información, ya sea porque es diferente de la que ofrece el gobierno o porque resalta aspectos importantes de la información que pueden pasar desapercibidos. Por ejemplo, en EUA los medios usualmente enfocan sus noticias en los niveles de pobreza e ingreso de vivienda anual; pero es importante ofrecer una perspectiva histórica más amplia de los datos. De modo que este año, el Centro dedicó sus esfuerzos a ver cómo los índices de pobreza e ingreso promedio para familias trabajadoras en 2007 se comparó con los niveles de 2001, año en que la economía de EUA estuvo en recesión justo antes de este último período de crecimiento económico. El análisis no nada más interpreta la nueva información; sino que pone atención a políticas que pueden mejorar los indicadores. Por ejemplo, en su último reporte el Centro resaltó que 8.15 millones de niños en Estados Unidos — 11 por ciento de los niños — carecen de seguro médico y luego se mencionó la legislación que se debatió en el Congreso el año pasado pero que no se aprobó y que hubiera podido darle cobertura de gasto médicos a casi 4 millones de niños. Al igual que las organizaciones en la red del IBP han desarrollado la habilidad de generar análisis independiente de las propuestas presupuestarias del gobierno, ofrecer análisis independiente de pobreza e ingreso dado a conocer por los gobiernos, ONGs o por entidades gubernamentales también puede ser de gran utilidad. Si los medios en su país le dan cobertura a la publicación de esta información puede ser importante hacer un análisis o comunicado de prensa el mismo día para influir en la cobertura de las noticias. Si, por el otro lado, es poco probable que la prensa le dé cobertura a esta información el mismo día que se publica pero puede interesarse en la información si se cuenta con un análisis más detallado, entonces se puede tomar más tiempo para hacer un análisis más completo. Preparación: Con base en la metodología que hemos desarrollado para nuestro trabajo en los Estados Unidos, a continuación presentamos pasos a seguir en respuesta a la presentación de información estadística nueva:
Actividades para 2008 del CBPP: Nuestras actividades en respuesta al lanzamiento de la nueva información son muy compactas ya que nuestro objetivo es tratar de influir en la cobertura de los medios el mismo día en que se publica la información. Las actividades que se enlistan a continuación deben de adaptarse a su situación específica y a cómo funcionen los medios en su país. 7/30/08 Publicamos en nuestra página de internet y enviamos un email a reporteros un comunicado de prensa para anunciar una conferencia de prensa e informar a los reporteros sobre el lanzamiento de nuestro análisis el día en que se publica la información. También enviamos recordatorios los días 18, 21 y 25 de agosto. 8/25/08 Publicamos en nuestra página de internet y enviamos un email a reporteros un documento con antecedentes que explica lo que hay que tomar en cuenta al revisar los datos el siguiente día. 8/26/08 (Día del lanzamiento de la información del “U.S. Census Bureau”) 10:00 a.m. El “Census Bureau” publicó sus documentes en internet. Bajamos los documentos e insertamos los nuevos datos en nuestras hojas de cálculo previamente configuradas que comparan los nuevos datos con años anteriores y pone a prueba la relevancia estadística de dichas diferencias. 12:15 p.m. Lanzamos una declaración de parte de nuestro director ejecutivo que presenta elementos clave de nuestro análisis y “citas textuales” para ser usadas de inmediato en notas periodísticas. 1:00 p.m. Realizamos una conferencia de prensa telefónica con los medios en colaboración con otra organización para discutir nuestro análisis de la información y responder preguntas de los reporteros. Ver el archivo de audio aquí. 2:00 p.m. Enviamos un email a las organizaciones estatales con las que colaboramos con un conjunto de tablas con información estatal sobre pobreza e ingresos para que la utilicen en sus propios análisis y comunicados de prensa. 5:30 p.m. Publicamos nuestro reporte principal en nuestra página de internet y enviamos un email a nuestra lista de periodistas. Durante el día respondimos preguntas de reporteros y organizaciones. Para mayor información contactar a Danilo Trisi trisi@cbpp.org La ley de acceso a la información pública de Uganda 2005 “Uganda’s Access to Information Act 2005” (ATIA) — basada en artículos de la constitución de la República de Uganda que le brinda al público el derecho al acceso a la información— refleja el compromiso de la nación por establecer una sólida base legal para la protección y promoción de los derechos de su gente. ATIA no sólo representa los deseos e intereses de grupos políticos aislados; sino que representa el deseo colectivo del pueblo de Uganda de establecer una base firme para la democracia de la nación, en parte mediante la garantía de los derechos humanos básicos. En este artículo, argumentamos que las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) deben de participar en la implementación efectiva de ATIA y ayudar a miembros del público, especialmente aquellos en sectores marginados a utilizar la ley de acceso a la información pública. La gente necesita estar bien informada a fin de poder participar activamente en la lucha contra la corrupción y “Uganda Debt Network” (UDN) cree que implementar ATIA y promover su uso es crítico en esta lucha. En este artículo, también ofrecemos algunas perspectivas generales sobre cómo es que las OSCs se pueden preparar y posicionar para una campaña nacional que fortalezca ATIA. ¿Por qué el acceso público a la información? En Uganda, el público ha estado condicionado desde la época colonial a esperar las decisiones oficiales del gobierno. Sin embargo, la información que ofreció el gobierno en aquellos días no fue suficiente para que los ciudadanos le hicieran frente a los retos de la construcción de la nación o a la realización de sus derechos humanos y cívicos. El día de hoy las reformas de gobernabilidad y el reconocer la necesidad de beneficiarse del conocimiento y la energía creativa de la gente de Uganda, si es que el país ha de cumplir con su desarrollo humano y fortalecer su democracia, exigen a un público bien informado que cuente con las capacidades para contribuir a la formación de políticas y monitorear su implementación. Los funcionarios públicos que controlan la mayoría de la información que los ciudadanos quieren acceder, vienen de una cultura que busca mantener la información más delicada del gobierno fuera del alcance del público. Tomará bastante tiempo y esfuerzo hacer que los funcionarios públicos se den cuenta de que la ética de gobernabilidad ha cambiado y que deben de actuar conforme a ello. En caso de resistencia de parte de las autoridades, la sociedad civil debe de ayudar a los ciudadanos a entender las provisiones y procedimientos legales que regulan el acceso a la información, movilizarlos para actuar y darles la confianza para enfrentar a los funcionarios públicos. No obstante, hay argumentos oficiales en contra de permitirle al público el acceso a la información pública. En tanto que la gran necesidad de salvaguardar la seguridad del estado es comprensible, siempre existe cierto temor de que esta excepción a las provisiones de ATIA sea explotada por políticos y funcionarios públicos sin escrúpulos a fin de negar la información pública que pueda exponer actos de corrupción o acciones en contra de los derechos humanos, civiles y políticos. Lo mismo puede decirse de la excepción relacionada con información de interés comercial. En tanto que un negocio legal necesita proteger información importante para su funcionamiento, el interés público puede estar seriamente comprometido si existe evidencia de manipulación y uso de influencias en contratos públicos o evasión fiscal. Estas preocupaciones sobre la necesidad de mayor transparencia ya están saliendo a la luz respecto a la explotación del crudo en la región del Lago Albert. Acceso a la información y la lucha en contra de la corrupción El reto más grande que enfrenta la sociedad civil en la actualidad es aplicar de manera efectiva el ATIA y otras leyes relevantes para luchar en contra de la corrupción. Una vez que la ley se vuelva operacional, los ciudadanos tendrán el derecho de ir a una oficina pública y buscar información que antes estaba escondida en archivos “confidenciales” y “oficiales”. Este derecho le dará a las OSCs la oportunidad de juntar suficiente información creíble sobre las acusaciones de corrupción para respaldar sus campañas de incidencia y anti-corrupción. Compartimos la perspectiva de que el acceso a la información le permitirá a los medios mejorar la información que presenta al público sobre los malos manejos de recursos públicos y corrupción mediante mayor capacidad para hacer investigación. Esta capacidad adicional de los medios para apoyar sus reportes con evidencia creíble contribuirá al consenso nacional sobre la necesidad de eliminar los malos hábitos del gobierno. En los últimos siete años, UDN ha manejado programas comunitarios de monitoreo que ejemplifican el tipo de participación pública que se beneficiaría de un mayor acceso a la información. Se ha dicho que la política de descentralización, que trajo consigo la implementación de programas de reducción de la pobreza del nivel nacional a los distritos y condados, también trajo consigo la descentralización de la corrupción. Para responder a esta situación, UDN ha trabajado con 11 distritos con monitores comunitarios que examinan de manera continua la calidad de la prestación de servicios en el marco del Fondo de Acción para la Pobreza “Poverty Action Fund” (PAF). En ocho de los distritos, los monitores también produjeron programas de radio semanales en sus lenguas locales en donde se presentan causas a problemas en la prestación de servicios y se le pide a funcionarios públicos venir al radio y explicarle al público cómo piensan atender dichos problemas. OSCs y la campaña para fortalecer ATIA En Uganda, el interés de OSCs en el tema de acceso a la información proviene del artículo 38(2) de la Constitución que establece que, “Cada persona en Uganda tiene el derecho de participar en actividades pacíficas para influir en las políticas del gobierno mediante organizaciones cívicas.” Esta es una provisión muy importante ya que le da a la sociedad civil el mandato de participar, así que debemos hacer que la gente conozca dicha provisión. Se dice que los derechos no se dan en bandeja de plata — aún cuando un derecho es establecido por la Constitución, hay manipuladores que trataran de negarlo. Sólo un público conciente puede asegurar la protección de ese derecho. Hasta el momento, los esfuerzos por sostener una campaña para fortalecer el acceso público a la información han sido fomentados por muy pocas OSCs, sobre todo “Human Rights Network” y “Foundation for Human Rights Initiative”. Estas dos organizaciones han participado con el “Ministry of Information and National Guidance” y con la “Office of the First Parliamentary Counsel” para acelerar el proceso de la formulación y aprobación de las regulaciones necesarias para operacionalizar el ATIA y llevar a cabo talleres para preparar a los funcionarios públicos que serán responsables de ayudar al acceso público a la información. Dada la naturaleza de esta tarea y de su importancia para los derechos e intereses de toda la gente de Uganda, más OSCs necesitan jugar un papel más activo en la campaña y abrir nuevos frentes operacionales para suplementar los esfuerzos de aquellos ya involucrados. Al mismo tiempo la sociedad civil necesita traer a los medios y ayudarle a entender cómo el interés de la sociedad civil en este tema corresponde con el interés de los medios – y ultimadamente del público. Cualquier esfuerzo de incidencia y campaña sobre esto y otros temas relacionados se beneficiarán enormemente de la creciente vinculación entre la sociedad civil y los medios. Conclusión Exhortamos a las OSCs a tomar las oportunidades ofrecidas por el ATIA 2005. Para ello, es necesario ir a las bases y trabajar con las comunidades marginadas con miras a prepararlos con conocimientos, capacidades y confianza para que la gente esté lista y motivada para enfrentar a los funcionarios públicos y buscar información sobre una variedad de temas que afectan sus vidas. Para mayor información sobre los esfuerzos de UDN para implementar la Ley de Acceso a la Información Pública 2005 contactar a Mukotani Rugyendo a mrugyendo@udn.or.ug. En julio el ex-presidente de EUA Jimmy Carter le envió lea Declaración de Atlanta y el Plan de acción para el avance del derecho a la información “Atlanta Declaration and Plan of Action for the Advancement of the Right to Information” a todos los jefes de estado y líderes de las principales organizaciones internacionales e instituciones financieras. Mediante mensajes personalizados a cada líder, el presidente Carter les pidió con carácter de urgente asegurar el derecho al acceso a la información y así como su implementación y reforzamiento. La declaración y plan de acción es el resultado de la conferencia internacional sobre el derecho a la información pública del Centro Carter que se llevó a cabo del 27-20 de febrero en Atlanta, Georgia. La conferencia reunió a más de 125 participantes de 40 países representando a los principales actores incluyendo gobiernos, sociedad civil, organizaciones internacionales, instituciones financieras sector privado, donatarios y académicos. Los participantes reflexionaron sobre los avances de las lecciones aprendidas en el campo del acceso a la información durante la última década y examinó críticamente los temas emergentes. Al finalizar la conferencia, se circuló y debatió un borrador de la declaración y plan de acción entre los participantes. En las semanas siguientes, más de 60 participantes contribuyeron a la versión final del documento.
La declaración y plan de acción sirven como un marco para avanzar el derecho al acceso a la información afirmando que es fundamental para la dignidad, equidad y paz con justicia. También afirma que la falta de acceso a la información afecta desproporcionadamente a los pobres, las mujeres y a otros sectores vulnerables y marginados de la sociedad. Hace un llamado a los estados y organizaciones intergubernamentales para promulgar leyes e instrumentos para el ejercicio y completa implementación de efectivo reforzamiento de este derecho y anima a todos los involucrados a tomar pasos concretos para el establecimiento, desarrollo, protección y promoción del derecho al acceso de la información pública.
La declaración y plan de acción es un llamado a todos los niveles del gobierno, nacional y subnacional para establecer leyes del acceso a la información que respeten lo siguiente: · El acceso a la información es la regla; el secretismo es la excepción. · El derecho al acceso a la información debe aplicarse en todas las ramas del gobierno (incluyendo los cuerpos ejecutivo, judicial y legislativo, así como órganos autónomos) a todos los niveles (federal, central, regional y local) y en todas las divisiones de los cuerpos internacionales mencionados. · El derecho al acceso a la información pública debe extenderse a actores no-estatales bajo las condiciones enlistadas en el principio 5 que se menciona abajo. · El derecho al acceso a la información pública debe incluir el derecho a solicitar y recibir información y obligar a las instituciones públicas a difundir información relacionada con sus funciones principales. · | ||||||||||||||||||
