Más allá de las listas de deseos: deliberación sobre el presupuesto, no participación vacía

por Jason Lakin, IBP Kenia— Apr 27, 2016

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Fue recientemente en una reunión con un funcionario ejecutivo de uno de los condados de Kenia cuya agenda era Fuego, desastres y participación pública. La combinación de «participación» con «desastres» causó gracia en la sala y pareció captar la actitud hacia la participación de muchos funcionarios del gobierno en Kenia. En realidad, casi todos en Kenia actualmente ven el concepto de la participación pública con sospechas. Los políticos de turno la ven como una herramienta de oposición, los gobiernos de los condados, como un mandato sin fundamento, y el público, como un artilugio simbólico. Aunque todos quieren participar, nadie está conforme con la participación.

La participación pública está ratificada en la constitución de Kenia de 2010, y ha habido un debate considerable respecto de lo que significa en la práctica, en particular, cuando se trata de presupuestos. Pero los kenianos no están solos en la búsqueda de una forma de participar en el presupuesto que satisfaga al gobierno y al público. En todo el mundo, hay un creciente interés en cómo hacer que la participación pública en la elaboración de presupuestos sea eficaz.

¿Qué es lo que hace que sea tan difícil lograr la participación?

Crédito: Flickr / USAID
Crédito: Flickr / USAID

Mi colega Mokeira Nyagaka y yo publicamos recientemente un documento que promueve una forma de pensar diferente sobre la participación en el presupuesto en función de los desafíos que emergen en Kenia. Manifestamos que el término participación pública ha perdido su significado en el contexto de la elaboración de presupuestos y que se necesita un estándar más alto para que cumpla sus promesas. El estándar que presentamos es la deliberación pública. Puede parecer artimaña lingüística, pero nos proponemos demostrar que la deliberación pública realmente ofrece lineamientos más concretos para la forma en que los documentos presupuestarios y los debates deberían estructurarse.

Deliberación presupuestaria en concepto

Nuestro concepto de deliberación pública se basa en las teorías de democracia deliberativa y filosofía moral. Estas tradiciones ubican a la justificación del público en el corazón de la gobernanza moderna. Según sugieren, la toma de decisiones consiste en el raciocinio del pueblo respecto de las opciones que teníamos. Un proceso deliberativo comienza con una propuesta de gobierno que se justifica según los intereses del público (en lugar de los privados). Dicha justificación debe verse como razonable (basada en razones creíbles) incluso cuando otros no estén de acuerdo, y deberá ser objeto de cambio a través del debate. Estas ideas surgen de los escritos de filósofos como John Rawls y Amartya Sen, quienes han definido el carácter razonable con respecto a en qué creemos cuando dejamos de lado nuestros intereses, o qué sería razonable para un observador imparcial sin tanto interés.

Esta escuela de pensamiento sugiere que los líderes no son responsables de hacer las elecciones «correctas», sino que son responsables de la igualdad de las razones que brinda. El público también debe contemplar estos motivos en un sentido amplio y proponer razones alternativas, no solo las opciones alternativas, cuando no estén de acuerdo.

Participación frente a deliberación

Estos requisitos pueden parecer básicos, pero muchos ejercicios de participación presentan deficiencias. Considere una situación keniana muy famosa. Los miembros del público son convocados a una gran reunión. Reciben poca o ninguna información sobre las propuestas del gobierno, pero se les pide que generen listas de «proyectos» que les gustaría ver en su distrito o condado. El gobierno anota los proyectos sugeridos en todo el condado y luego decide cuáles llevar adelante. En el mejor de los casos, algunos de los proyectos que el público favorece llegan a convertirse en documentos de planificación, y algunos, a su vez, se convierten en presupuesto anual.

Estos casos se ven como un éxito según las normas vigentes de participación pública, los aportes del público se han tenido en cuenta y han influido sobre las decisiones de gasto del gobierno. Pero, ¿cumplirían con los estándares de deliberación pública? ¿Por qué no?

En primer lugar, el ejercicio no comenzó con una propuesta del gobierno o conjunto de alternativas bien razonadas, de modo que la gente no brindaba sus opiniones desde un punto de vista informado. Sin una limitación del presupuesto o un conjunto de objetivos, la participación pública se limita a crear una lista de deseos de propuestas, en lugar de facilitar la toma de decisiones razonadas sobre el presupuesto.

En segundo lugar, no se les pidió a los miembros del público que den o debatan las razones de sus propias propuestas, de modo que tampoco fueron necesariamente examinadas para determinar su nivel de racionalidad. Aunque el público ha participado, no ha deliberado adecuadamente o ponderado los méritos relativos de diferentes propuestas.

En tercer lugar, al preparar el plan o presupuesto, el gobierno inevitablemente aceptó algunas, aunque no todas, las propuestas del público. ¿Se aceptaron las propuestas o se rechazaron en función de su valor intrínseco, las limitaciones de recursos o por otros motivos? Excepto que se hayan dado razones, no se puede decir que este ha sido un proceso de deliberación. Es común que el gobierno de Kenia estipule que los planes y presupuestos reciben información a partir de la participación pública; es sumamente extraño que expliquen por qué solo ciertos aportes del público se consideraron finalmente.

Todo esto añade a un proceso que carece del valor educativo de la deliberación, que expondría a las personas a razones competitivas para realizar intercambios, y garantiza que las preferencias personales de la gente sean objeto de debate y se juzguen en relación con el interés público más amplio.  Pero quizás, la mayor pérdida es la legitimidad del gobierno. Los gobiernos democráticos solo pueden basar su legitimidad en el apoyo generalizado de sus organismos. La deliberación pública ofrece la oportunidad de basar las políticas públicas en justificaciones con las que la gente puede no estar de acuerdo, pero debe respetar en última instancia. Las decisiones que emergen de procesos abiertos y se basan en motivos verosímiles pueden reducir las percepciones de arbitrariedad en las decisiones del gobierno y promover el apoyo a la administración pública. Como se practica actualmente en Kenia, la participación pública no infunde confianza en las decisiones del gobierno ni genera público informado. La deliberación pública, y las normas y prácticas que requiere, pueden ayudar a lograr ambos efectos.


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