Llevar el presupuesto al tribunal

por Ann Blyberg, gerente de capacitación, asistencia técnica y redes, International Budget Partnership— Sep 06, 2017

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“Los tribunales son una de las pocas instituciones que resistieron la autocracia”, dice Duncan Green, asesor estratégico sénior de Oxfam Great Britain en su libro How Change Happens. Si bien esta afirmación puede ser cuestionable, ha resultado ser cierto en suficientes contextos que una estrategia de acceder al tribunal requiere una consideración seria de los grupos presupuestarios de la sociedad civil, en particular ya que un número creciente se encuentra trabajando en espacios públicos aún más restringidos. En los años recientes, muchas CSO han apelado a los tribunales para acceder a información de los gobiernos en virtud de las leyes de derecho a la información. Donde un menor número de CSO está logrando progreso es en recurrir a los tribunales cuando desean apelar las políticas y prácticas presupuestarias del gobierno — por ejemplo, en cuestiones tales como el gasto insuficiente en programas sociales o la discriminación en los gastos. Los tribunales han aceptado tratar una gran cantidad de casos y, en muchos de ellos, han fallado en favor de las demandas de la sociedad civil.

Taking the Budget to Court
Crédito: Flickr / Joe Gratz

Sin embargo, si bien sería tentador alentar a todas las CSO presupuestarias a incorporar el componente legal en sus estrategias de activismo, acceder a los tribunales puede requerir numerosos recursos y tiempo. Es por eso que las CSO en general solo recurren al tribunal como último recurso, cuando todas las apelaciones mediante los canales administrativos normales han fallado, o el gobierno es tan insensible a la opinión pública que la participación directa no tendría sentido. Sin embargo, incluso en estos casos, una decisión de recurrir al tribunal debe tomarse solo después de una consideración cuidadosa. Una publicación reciente del Instituto del Departamento del Exterior (ODI) que analiza un fallo de 2008 de la Corte Suprema de Bangladesh proporciona algunos indicadores útiles para la consideración de la sociedad civil.

De acuerdo con su investigación, ODI sostiene que la acción legal debe cumplir ciertas condiciones mínimas para tener una oportunidad real de mejorar los resultados para las personas pobres: debe haber un marco legal progresivo implementado, un poder judicial comprensivo y acceso a asesoría y asistencia legal. Las experiencias de los socios del IBP hasta la fecha sobre casos relacionados con el presupuesto público parecen respaldar este concepto.

Un caso iniciado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en Argentina se basó en una disposición den la constitución de la Ciudad de Buenos Aires que garantiza el derecho a la educación para todos los niños desde los 45 días de vida. En respuesta a los desafíos relacionados con la escasez de espacio en escuelas y las extensas listas de espera resultantes, en particular en los vecindarios más pobres, el gobierno municipal sostuvo que no tenía fondos suficientes para construir y asignar personal en aulas suficientes para cumplir su obligación constitucional. ACIJ proporcionó evidencia al tribunal de que en el curso de varios años, el gobierno no solo consistentemente asignó fondos insuficientes a su presupuesto de estructura sino que había dirigido fondos desproporcionadamente hacia los vecindarios más ricos. El tribunal determinó que el gobierno había violado el derecho de los niños a la educación y le ordenó que construya las aulas necesarias para eliminar las listas de espera.

La Corte Suprema de la India proporciona el ejemplo más ilustrativo del poder que un poder judicial comprensivo ejerce para cambiar las vidas de las personas. Cuando el gobierno de Rajasthan se negó a liberar tiendas de emergencia de alimentos debido a la hambruna generalizada, fue llevado al tribunal, donde los demandantes alegaron que el gobierno estaba violando el derecho a los alimentos de las personas en ese estado. El caso finalmente llegó a la Corte Suprema, que ordenó que el gobierno nacional y estatal financiara por completo e implementara de forma efectiva una serie de programas, algunos directamente relacionados con los alimentos (como los programas de alimentos escolares), y otros relacionados con la capacidad de las personas de proporcionar alimentos adecuados para sí mismos (como programas de trabajo). El Tribunal ha mantenido facultades de supervisión sobre el caso desde 2001, emitiendo una serie de órdenes interinas y designando comisionados que controlen y analicen el cumplimiento de las órdenes del tribunal por parte del gobierno.

Duncan Green dijo: “La ley se mantendrá como un arma esencial en el arsenal de activistas en todo el mundo…. El desafío será construir puentes entre el activismo legal y otros esfuerzos por influir sobre el sistema, ya que los dos mundos con frecuencia están divididos por impaciencia, diferentes teorías de cambio o el abismo del lenguaje”. De hecho, muchos abogados son alérgicos a los infinitos números en los presupuestos públicos, pero en la última década hubo una creciente apreciación entre los abogados de interés público sobre la centralidad de los presupuestos públicos para muchas de las cuestiones de interés. Esto coincidió con una disposición por aprender el lenguaje técnico y los problemas técnicos, legales y políticos con respecto a los presupuestos. Fueron los abogados de interés público, por ejemplo, quienes presentaron el caso de derecho a los alimentos a la Corte Suprema de la India que se describe anteriormente. Y en Sudáfrica, el Centro de Recursos Legales de interés público fue esencial en un caso que la Campaña de Acción de Tratamiento (TAC) presentó al Tribunal Constitucional para apelar la omisión del gobierno en asignar fondos para medicamentos y fármacos antirretrovirales (ARV) para prevenir la transmisión del VIH de la madre embarazada al niño.

Los tribunales tradicionalmente han sido reticentes a intervenir en cuestiones relacionadas con el presupuesto debido a una creencia incorrecta de que todas las decisiones presupuestarias residen únicamente en el ámbito de la legislatura. Las CSO que lograron superar esta reticencia a obtener decisiones favorables con frecuencia enfrentan las complicaciones de asegurar que el gobierno cumpla con las órdenes del tribunal. En el caso de Argentina que se menciona anteriormente, el gobierno comenzó a retrasar el cumplimiento del acuerdo supervisado por el tribunal que había alcanzado con ACIJ. Después de varios años de intentar obtener el cumplimiento completo mediante canales acordados, ACIJ adoptó un esfuerzo de enfoque múltiple para presionar al gobierno. Esto incluyó el cabildeo con el Ministro de Educación, el acceso a los medios y el lanzamiento de peticiones en línea destinadas a respaldar los esfuerzos de ACIJ por lograr que la legislatura garantice fondos adecuados para la educación. El esfuerzo resultó efectivo en persuadir al gobierno para cumplir el acuerdo en su totalidad.

De hecho, las estrategias más efectivas para garantizar que el litigio tenga un impacto positivo en las vidas de los pobres parecen ser aquellas que vinculan la acción del tribunal con la movilización de bases. Una clave indudable para el éxito del caso de la Campaña de Acción de Tratamiento (TAC) fueron las manifestaciones dramáticas de gran escala que la TAC logró convocar periódicamente. Los tribunales no son inmunes a la presión que genera tal movilización a través de la atención de los medios que, a su vez, provoca la ira pública y amplios llamados a la acción. Esta es una buena noticia para el socio de IBP, la Coalición por la Justicia Social (SJC), que presentó un caso en el tribunal en el otoño de 2016 como parte de su campaña continua por mejorar los servicios básicos de higiene en los asentamientos informales alrededor de la Ciudad del Cabo. Al igual que en el caso de TAC, el litio de SJC contará con el apoyo de un intenso esfuerzo por movilizar a los residentes y comprometer a los medios a lo largo de los años.

A medida que el espacio público se reduce en los países de todo el mundo y las apelaciones a las agencias gubernamentales y legisladores son cada vez más difíciles y con frecuencia inefectivas, la presentación en el tribunal también puede ser más difícil. Por ejemplo, un marco legal previamente progresivo puede ser rechazado y reemplazado por garantías más débiles. Sin embargo, a medida que las CSO continúan su búsqueda por formas creativas y efectivas por defender los derechos de las personas a quienes representan en un entorno cada vez más hostil, es esencial recordar la sabiduría de Duncan Green. Los tribunales, como una rama separada del gobierno, con frecuencia actúan por la convicción de su propia autonomía e importancia, y proporcionan resarcimiento cuando no hay otra forma disponible.

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